Durante largo tiempo aun oiremos hablar de la Jurisdicción Especial para la Paz, lo que se conoce comúnmente como JEP que no es otra cosa que un régimen de justicia especial y transicional que entró en vigencia a raíz de la Firma del Acuerdo de Paz de La haba suscrito entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno.
Por Beatriz de Majo
En efecto, era necesario un régimen sui generis que le permitirá a las arrepentidas guerrillas iniciarse dentro de la vida ciudadana sin el fardo de los delitos cometidos por estas fuerzas insurgentes en Colombia, a lo largo de varias décadas. Un órgano ad-hoc creado a este fin debía investigar y juzgar a los integrantes de los distintos frentes del conflicto armado así como a miembros de la fuerza pública y terceros que fueron parte de esta conflagración.
La JEP tiene ya mas de un año de vieja y los problemas que se han generado en su aplicación no son pocos. En el criterio de Álvaro Uribe uno de los grandes y poderosos detractores de la gesta de Juan Manuel Santos, la JEP ha sido un “ circo de impunidad” concedido a las FARC. Para el expresidente “no hay acción penal sobre autores materiales de delitos atroces, y sobre los cabecillas impunidad total”.
Pero las objeciones de muchos patriotas colombianos van más lejos que eso e incluso solicitan su suspensión. Las reincidencias en delitos después de pactada la paz- por ejemplo- quedaron en un limbo. Los delitos sobre menores no fueron castigados; no hay acción penal sobre autores materiales de delitos atroces; la extradición de cabecillas está excluida, entre otros temas de envergadura.
Se permitió que criminales de lesa humanidad lleguen al Congreso sin investigación, proceso y sanción proporcional a los crímenes cometidos. Y los secuestros perpetrados durante el imperio de la insurgencia armada quedaron igualmente circunscritos a un régimen favorecedor.
Lo cierto es que el régimen está lleno de imperfecciones. Hay todo un tinglado ilegítimo coloreado de legitimidad y los cómplices del esquema absurdo que liberó a las FARC de muchísimos de sus delitos contra los colombianos, los hay por doquier.
Juan Manuel Santos no dice “esta boca es mía” desde que dejó su atrabiliario legado de Paz armado con un premio Nobel de la Paz y… los demás que arreen con las cargas.
Nada hay más cierto que la reciente opinión del experto en temas políticos colombianos Alberto López Núñez en cuanto a que “ Colombia ha caído en la trampa de las Farc al creer que la paz es el camino de la felicidad. Obvio que la paz es un objetivo loable, pero no cualquier paz, una paz sin justicia, la tal paz de Santos, sólo lleva a la esclavitud de la dictadura”
Hasta ahora la JEP ha reportado alrededor de 800.000 víctimas. De las 11.675 personas que están dispuestas a comparecer ante la JEP para esclarecer delitos, unas 9.687 integrantes de FARC en busca de perdón.
Así que el tema da para un análisis mucho más exhaustivo del realizado en este artículo.
Pero lo que sí es bueno es mirarnos en el espejo colombiano cuando nos toque establecer un régimen transicional de justicia que norme las penas a imponer a quienes mataron hermanos venezolanos o los lesionaron en muchos terrenos con el mismo desparpajo que lo hicieron las FARC en Colombia.
O incluso cuando de definan los términos de la inmunidad que Juan Guaidó ofrece a los militares que se acerquen a su gesta para ayudar en la tarea de la reconstrucción nacional. Equivocarse en la definición de los términos de esta Justicia transicional nos podría llevar a penar durante muchos años, como les ocurre a los vecinos neogranadinos.
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