Empresario venezolano Samark López niega tener vínculos con las FARC

El empresario Samark López Bello, quien es acusado por Estados Unidos de ser el testaferro del ex vicepresidente venezolano Tareck el Aissami, insiste en que es víctima de una conspiración mediática financiada por fines políticos y negó tener o haber tenido vínculos con el narcotráfico o con las FARC.

López, quien meses atrás reportó que Estados Unidos le congeló más de $160 millones como resultado de las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro, emitió las declaraciones en el marco de la lucha que libra ante el tribunal federal de apelaciones de la Florida para evitar que parte de sus fondos congelados sean otorgados como compensación a tres contratistas estadounidenses que fueron secuestrados por las FARC.

En un pronunciamiento enviado a el Nuevo Herald, Lopez negó la noción de que sus operaciones empresariales estén de alguna manera vinculadas a las FARC o al denominado Cartel de Los Soles, organización compuesta por altos funcionarios del régimen venezolano que controla las operaciones de narcotráfico en Venezuela.

“A cinco años del anuncio de mis sanciones y de estar sujeto a un sin fin de investigaciones, ninguna fiscalía me acusa de narcotráfico o lavado de activos, porque simplemente no tengo ni tuve ninguna relación con ningún cartel u organización terrorista como las FARC”, dijo López en un breve mensaje enviado a el Herald. “Ha sido todo una narrativa mediática diseñada y financiada con fines políticos. Pero como toda narrativa falsa, carece de hechos concretos y la realidad se impondrá en forma de justicia”, agregó.

Argumentos similares fueron presentados por los abogados de López ante la corte federal de apelaciones que revisa la decisión de un juez federal en Miami compensar a los tres contratistas estadounidenses al señalar que hasta el día de hoy no hay evidencia, ni condena, que conecte a López con la FARC.

“Los argumentos utilizados en su contra nunca han sido comprobados y carecen de sustentos concretos que lo vinculen con la organización criminal”, resalta un comunicado emitido por los abogados en reacción a una audiencia de la corte de apelaciones.

La corte revisa una decisión previa que otorgó a los tres contratistas un pago de $318 millones, $53 millones de los cuales deberían ser cubiertos por los fondos del empresario venezolano congelados en Estados Unidos. López ha señalado previamente que él condena las actuaciones terroristas y cualquier otra actividad delictiva cometida por las FARC y cualquier otra organización al margen de la ley y que no pretende limitar los derechos que tienen las víctimas de ser indemnizados.

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— el Nuevo Herald (@elnuevoherald) February 11, 2022

Pero dice que desea que se le dé la “oportunidad de obtener justicia mediante un juicio con jurado para que quede demostrado que no existe ningún vínculo entre mi persona y las FARC, así como con ninguna otra organización de esa naturaleza y que todas las acusaciones realizadas por los abogados de los demandantes fueron claramente fabricadas con el propósito de beneficiarse económicamente aprovechándose del legítimo dolor de las víctimas de las FARC”.

En una declaración jurada presentada en el 2019, López manifestó que él nunca ha estado involucrado en drogas o en operaciones con el narcotráfico y que nunca ha sido un testaferro de El Aissami.

El gobierno de Estados Unidos ofreció el año pasado una recompensa de $5 millones por información que conduzca a la captura o sentencia del empresario venezolano, quien conjuntamente con El Aissami figura en la lista de los más buscados de la Policía de Inmigración y Aduanas, ICE, y ha sido señalado públicamente por el gobierno estadounidense de estar relacionado con el narcotráfico.

El Aissami fue descrito por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como un importante actor en las operaciones del narcotráfico internacional. El Aissami “facilitó los envíos de narcóticos desde Venezuela, ejerciendo control sobre los vuelos que salían desde una base aérea venezolana y rutas de drogas a través de puertos en Venezuela”, resalta el portal del ICE, donde el número tres del régimen de Nicolás Maduro aparece entre los más buscados. También “supervisó o era dueño parcial de envíos de narcóticos de más de 1,000 kilos desde Venezuela en múltiples ocasiones, entre ellos los que tenían como destino México y Estados Unidos”, agregó el portal. El gobierno de Estados Unidos actualmente ofrece una recompensa de $10 millones por El Aissami.