En respuesta a la aplicación de la Ley Helms-Burton, el Tribunal Supremo Popular de Cuba afianzó esta semana la Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, conocida como “Ley Mordaza”. Este instrumento legal fue aprobado hace 20 años para castigar con la cárcel a todas aquellas personas que colaborasen con los objetivos de la más reciente sanción estadounidense, según refiere RadioTelevisiónMartí
Por Redacción Miami Diario
El presidente Donald Trump activó el 2 de mayo el Título III de la Helms-Burton, que permite demandar a ciudadanos y empresas que trafiquen con propiedades confiscadas sin compensación en la isla, después de 1959.
El Tribunal Supremo Popular publicó en su sitio en Internet el texto de la Ley en la sección Actualidad Noticiosa y de Derecho.
Desde la fatídica Primavera Negra, en 2003, no se aplicaba esta ley. Para aquel momento, el régimen castrista encarceló a 75 opositores, muchos de ellos, periodistas independientes.
El presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, amenazó en redes sociales con aplicar el instrumento.
Ferro dijo que “la Ley 88 (vinculada con la protección de la independencia nacional y la economía de Cuba, tipifica como delitos los actos y conductas que apoyen, faciliten o colaboren con los objetivos de la Helms Burton y establece severas penas para sus comisores”.
Los jueces de EEUU ante quienes presenten demandas, al amparo del título III de la Helms-Burton, tendrán que juzgar situaciones que no les competen, en base a una ley caprichosa, absurda y extraterritorial. ¿Podrán ser imparciales e independientes? ¡Ya veremos! pic.twitter.com/IoN3GPmwXJ
— Rubén Remigio Ferro (@RubenRemigioCU) May 2, 2019
La Ley Mordaza, aprobada en 1999, prevé condenas y confiscación de bienes, para quien “suministre, directamente o mediante tercero, al Gobierno de Estados Unidos de América, sus agencias, dependencias, representantes o funcionarios, información para facilitar los objetivos de la Ley “Helms-Burton”.
De ocho a veinte años de cárcel son parte de las penas, esto si el hecho se comete con el concurso de dos o más personas; si hay remuneración, recompensa o promesa de cualquier ventaja o beneficio, si el culpable llegó a conocer o poseer la información de manera subrepticia o empleando cualquier otro medio ilícito; si el culpable conociera o poseyera la información por razón del cargo que desempeñe; si se producen graves perjuicios a la economía nacional”.
Adicional a esto, el instrumento castiga con penas de privación de libertad de cinco a doce años a quienes procuren obtener información clasificada y dispone severas condenas de encarcelamiento y multas para quien acumule, reproduzca o difunda, material de EEUU considerado como “subversivo” y a quien lo ingrese al país.
Los que colaboren “por cualquier vía con emisoras de radio o televisión, periódicos, revistas u otros medios de difusión extranjeros”, también serán encarcelados.
Se cree que esta nueva amenaza del gobierno de Miguel Díaz-Canel se debe a la crisis económica que vive el país y el descontento popular.
