Juez impone prisión preventiva y domiciliaria a 10 de los arrestados en Operación Anti Pulpo

El juez de instrucción José Alejandro Vargas declaró complejo el expediente por corrupción administrativa abierto a raíz de la denominada “Operación Anti-Pulpo” que desarticuló un entramado delictivo presuntamente operado por Juan Alexis Medina Sánchez.

Por Rose Mary Santana

El entramado, según trascendió, pretendía estafar al estado dominicano. Medina Sánchez deberá guardar tres meses de prisión preventiva al igual que 10 exfuncionarios acusados de presunta corrupción y del delito de testaferrato.

Medina Sánchez deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Cristóbal, al igual que los coimputados Francisco Pagán Rodríguez y Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, quienes, entre otros delitos, indica el Ministerio Público, “incurrieron en coalición de funcionarios” desde sus pasadas funciones de director general y director de Fiscalización, respectivamente, de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).

La imputada Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Juan Alexis, y Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud, deberán cumplir tres meses de arresto domiciliario, con un brazalete o bajo vigilancia del Ministerio Público.

Ambos tendrán que presentar una fianza de 10 millones de pesos mediante contrato y se mantendrán con impedimento de salida del país.

Otro de los acusados en el sonoro caso de corrupción de la pasada gestión de Medina es el exdirector del Fondo Patrimonial de la Empresa Reformada (Fonper), Fernando A. Rosa Rosa, quien también tendrá que cumplir tres meses de prisión preventiva en el CCR San Cristóbal.

Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda deberán guardar tres meses de prisión preventiva en la Cárcel Modelo de San Pedro de Macorís.

El juez alertó que la permanencia de esos tres imputados en las calles puede afectar el proceso.

Respecto al coimputado Rafael Antonio Germosén Andújar, excontralor de la República, también deberá cumplir arresto domiciliario. No podrá salir del país.

Otro de los encartados en el voluminoso expediente presentado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, Domingo Antonio Santiago Muñoz, quedará en libertad con la obligación de presentarse de manera periódica ante el procurador fiscal adjunto que lleva la investigación de la Operación Anti Pulpo.

Vargas estableció que el Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será en encargado de la fase preparatoria de juicio.

Antes de anunciar su decisión, el magistrado ponderó aspectos de la acusación del Ministerio Público. En ese contexto, resaltó que “hay una estafa” relacionada con el suministro de hormigón asfáltico líquido (AC-30) por parte de una de las empresas de Medina Sánchez. El director de la Oisoe, Pagán Rodríguez, tiene su responsabilidad penal comprometida por complicidad.

El señor Pagán Rodríguez, según el magistrado, favoreció al imputado Medina Sánchez.

Operación Anti-Pulpo

Mediante la Operación Anti Pulpo el Ministerio Público desarticuló, lo que han denominado como “una amplia red de corrupción administrativa de la que era parte fundamental el imputado Juan Alexis Medina Sánchez, quien, conforme a la acusación, creó un entramado societario para hacer negocios millonarios con el Estado, aprovechando su condición privilegiada de ser hermano del entonces presidente Danilo Medina Sánchez”, de acuerdo con el Ministerio Público.

Partido de la Liberación Dominicana

Mientras que el Partido de la Liberación Dominicana, PLD a raíz de los arrestos y previa imposición de las medidas de coerción contra los exfuncionarios, exigió que “la administración que encabeza el presidente Luis Abinader y que todas las investigaciones que lleve a cabo el Ministerio Público cumplan con el principio de legalidad, el debido proceso de ley, el nivel de independencia e imparcialidad que exigen la Constitución y las leyes de la República, así como los demás principios universales que sustentan toda investigación penal.”

Agregaron que ello, “implica llevar a cabo un proceso sin atropellos y sin responder a la necesidad de aplausos a costa de los derechos fundamentales de los investigados, en especial los que ahora están bajo arresto, a los cuales no se les respetó su dignidad humana”, según la entidad política.

Con información de nota de prensa