El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) define la presencia ilegal como el período de tiempo en el que un extranjero reside en Estados Unidos, sin tener documentación. Este tipo de situaciones, tal como refiere la Ley sobre extranjería y ciudadanía, acarrea una deportación inmediata.
Sin embargo, aquellas personas que acumulan más de diez años ininterrumpidos en el país, podrían optar por la legalización a través de la ‘Ten Years Law’. Esta herramienta legal, se utiliza como defensa para impedir la expulsión y modificar su estatus a residente permanente.
No obstante, para que este proceso sea posible, los inmigrantes deben cumplir ciertos requisitos que los definan como elegibles. USCIS hace la salvedad que las autoridades migratorias evalúan minuciosamente los casos de forma individual.
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Es preciso destacar que Ten Years Law no está considerada como una herramienta legal para acceder a la residencia permanente. Se aplica en casos precisos y bajo ciertas condiciones, en las que el extranjero demuestra las razones por las que debe permanecer en el país.
¿En qué casos aplica la Ley?
Un inmigrante que reside ilegalmente en Estados Unidos durante más de 10 años, no puede acceder a la Green Card debido a su historial migratorio. Pero hay excepciones en las que puede obtenerla, solo y si cumple con los siguientes criterios:
– Residencia ininterrumpida durante 10 o más años, es decir sin salir del país.
– En ese período permaneció como una persona de buen carácter moral.
– No tiene condenas por delitos conforme a la secciones especiales de la 8 USC 1229b ni acusaciones graves de otra índole.
– Demostrar que la expulsión resultaría en dificultades extremas individuales, para su cónyuge, hijos o padres.
¿Cómo proceden los casos a través de Ten Years Law?
Las autoridades migratorias de Estados Unidos están en el pleno derecho de deportar a una persona que incumpla con sus normativas. En el caso de los inmigrantes que acumulan presencia ilegal en el país bajo los criterios específicos de Ten Years Law, deben enfrentar una audiencia para evaluar el caso.
Los oficiales encargados, jueces y fiscales comenzarán una evaluación exhaustiva para determinar si efectivamente el extranjero puede permanecer en el país. Por otra parte, en aquellas circunstancias donde la expulsión represente un daño extremo a un tercer calificado, se necesitarán pruebas de la situación.
Es decir que si una madre, padre, hijo o hija tiene un familiar directo con dificultades o requiere de su presencia para sobrevivir, esto debe ser recopilado como evidencia. El fiscal considerará toda la información que sea creíble y relevante para la solicitud.
¿Cómo quedan los extranjeros que tienen personas bajo su asistencia?
El peso que se le dará a lo expuesto en la audiencia, quedará a la entera discreción del fiscal y resto de autoridades migratorias. Los casos que se consideren de extremo sufrimiento y que realmente afecten a otro, debe ser “reales y creíbles”.
Por lo general, en este tipo de consideraciones de Ley se toman en cuenta aquellas condiciones graves como cáncer, enfermedades del corazón, síndrome de Down y parálisis cerebral.
El juez a cargo del caso determinará si procede o no el perdón de la deportación por asistencia a un tercero que podría sufrir emocional y físicamente. Sin embargo, si las autoridades no pueden corroborar la veracidad de estas circunstancias, la expulsión será inminente.
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