El mes pasado, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció los primeros cargos derivados de una unidad de policía electoral recién formada que él ayudó a crear en el estado.
De acuerdo con NBC en las semanas transcurridas desde entonces, ha surgido información complicada que podría dificultar que el estado obtenga condenas, dijeron los defensores y al menos un prominente funcionario republicano.
Los defensores del derecho al voto culpan a lo que describen como un proceso confuso que dificulta tanto a los sospechosos como a los funcionarios electorales saber si son elegibles para votar.
Los 20 individuos habían sido encarcelados previamente por condenas de asesinato o delitos sexuales graves -lo que les prohíbe votar en Florida– y habían emitido votos ilegalmente en las elecciones de 2020, dijo DeSantis en la conferencia de prensa en agosto en la que se anunciaron los cargos.
Según la ley de Florida, aunque muchos delincuentes pueden recuperar su derecho al voto en virtud de una enmienda constitucional promulgada a través de una iniciativa electoral en 2018, los condenados por los delitos más violentos, como el asesinato y la violación, no pueden hacerlo.
“Esto es solo la salva de apertura”, dijo DeSantis, quien se cree ampliamente que está considerando una carrera para la presidencia en 2024, en la conferencia de prensa. “Antes de que propusiéramos esta [nueva oficina] había ejemplos de estas cosas que parecían caer en el olvido”.
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Defensores del voto en Florida
Los defensores afirman que los detenidos no sabían que estaban infringiendo la ley y que, en muchos casos, los funcionarios del gobierno les habían enviado materiales para el registro de votantes. Muchos han instado ahora a los detenidos a luchar contra los cargos. También han planteado dudas sobre si la nueva fuerza policial es la mejor manera de arreglar un sistema roto y han denunciado la falta de una base de datos central que podría ayudar a los funcionarios a evitar cargos penales superfluos.
“Está claro que nadie les notificó” que no podían votar. “Les enviaron tarjetas de registro de votantes, eso es exactamente lo opuesto a la intención de violar la ley, esencialmente los absolvieron”, dijo en una entrevista el senador estatal republicano Jeff Brandes, el arquitecto de una ley separada de 2019 que dificultó el voto de los ex delincuentes.
“Eso hace que sea increíblemente difícil probar la intención”, agregó Brandes. “Los abogados del estado van a tener muchas dificultades para demostrar que lo hicieron intencionadamente”, dijo. Brandes predijo que los cargos serían finalmente retirados.
Nueva ley aprobado por DeSantis
Según la ley de Florida, para condenar a una persona por fraude electoral, el Estado debe demostrar que se registró intencionalmente y a sabiendas para votar -o que votó- a pesar de saber que no era elegible para hacerlo.
“No sé cómo se puede probar la intención de infringir la ley para alguien que pensaba que era elegible para votar porque recibió una tarjeta de registro de votantes sancionada por el estado”, dijo Neil Volz, subdirector de la Coalición para la Restauración de los Derechos de Florida, que está ayudando a muchos de los arrestados a encontrar abogados y a pagar la fianza.
Los incidentes de fraude electoral son increíblemente raros en Estados Unidos, y las investigaciones pasadas y presentes de las fuerzas del orden de todo el país han tenido dificultades para encontrar más que un puñado de casos entre los millones de papeletas emitidas en Estados Unidos.
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