La Corte Suprema de Florida está preparada para celebrar una segunda ronda de argumentos en un caso de alto riesgo sobre si el estado ha llevado a cabo correctamente una enmienda constitucional de 2016 que legalizó ampliamente la marihuana medicinal.
Por Redacción MiamiDiario
Los jueces escucharon los argumentos en mayo en una demanda presentada por Florigrown, una firma con sede en Tampa que ha impugnado la constitucionalidad de una ley de 2017 que fue diseñada para llevar a cabo la enmienda constitucional. El caso se centra en partes de la ley relacionadas con la concesión de licencias a empresas para operar en la industria de la marihuana medicinal.
Pero en julio, la Corte Suprema programó otra ronda de argumentos sobre un tema que no fue el centro de la primera audiencia: si la ley de 2017 es lo que se conoce como una ley “especial” inconstitucional. Los jueces escucharán los argumentos el miércoles.
La Constitución de Florida prohíbe las leyes “especiales” que, en general, están destinadas a beneficiar a entidades específicas. Florigrown, que ha buscado sin éxito una licencia de marihuana medicinal, sostiene que partes de la ley de 2017 limitaron indebidamente las empresas que podían participar en la industria.
“Esta Corte ha sostenido repetidamente que la cuestión controladora al evaluar si una ley es una ley especial inconstitucional es si la clase de la ley está ‘cerrada'”, escribieron los abogados de Florigrown en un escrito.
Pero los abogados del Departamento de Salud de Florida, que administra el sistema de marihuana medicinal, sostuvieron en un escrito que la ley de 2017 “en última instancia, establece un sistema estatutario completo y unificado para la licencia y regulación a nivel estatal” de las empresas de marihuana medicinal.
El caso está siendo seguido de cerca en la industria de la marihuana medicinal, en la que las empresas han participado en grandes cantidades de litigios relacionados con las licencias. El Departamento de Salud apeló al Tribunal Supremo después de que los tribunales inferiores se pusieran de parte de Florigrown.
El caso se ha centrado en gran medida en un requisito que la Legislatura puso en la ley de 2017 que señala que las empresas con licencia deben ser capaces de manejar todos los aspectos del negocio, incluyendo el cultivo, procesamiento y distribución de productos – un concepto conocido como un sistema de “integración vertical”.
Florigrown ha argumentado que esa no era la intención de la enmienda constitucional y que un sistema de integración vertical limita el número de empresas que pueden participar en la industria. La alternativa sería un sistema en el que las empresas pudieran realizar diferentes aspectos del negocio, conocido como estructura “horizontal”.
Con información de CBS Local
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