Procuradora general espera poner fin al mandato ilegal de uso de mascarillas de los CDC

La procuradora general Ashley Moody lidera a otros 20 estados en una acción contra el mandato ilegal de uso de mascarillas del presidente Joe Biden en el transporte público. La procuradora general Moody argumenta que el mandato excede la autoridad de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades del presidente Biden. La administración de Biden continúa utilizando una interpretación fallida de un estatuto de cuarentena, que ha sido rechazada en los tribunales varias veces, para autorizar la regla de los CDC.

La continuación del mandato ilegal de mascarillas perjudica a los estados. También interfiere con la ley estatal en lugares como Florida, que ha impuesto leyes que prohíben el enmascaramiento forzado. El mandato también va en contra de la razón, ya que ahora incluso los estados con las políticas COVID-19 más estrictas están comenzando a levantar los mandatos de uso de mascarillas en interiores.

La procuradora general Ashley Moody dijo: “Las políticas de viaje miopes, de mano dura e ilegales del presidente Biden están frustrando a los viajeros y causando caos en el transporte público. Ya es hora de aliviar parte de la presión sobre los viajeros y quienes trabajan en la industria de viajes al poner fin de inmediato a los mandatos ilegales de transporte público de Biden. Me enorgullece apoyar al gobernador DeSantis y liderar a mis colegas fiscales generales en esta acción multiestatal para poner fin al enmascaramiento forzoso de los viajeros en los Estados Unidos”.

El gobernador Ron DeSantis dijo: “Florida ha liderado a la nación en hacer frente a las políticas equivocadas del gobierno federal y luchar contra los mandatos de mano dura que no tienen respaldo científico. Si los políticos y las celebridades pueden asistir al Super Bowl sin máscara, todos los ciudadanos estadounidenses deberían tener derecho a volar sin máscara. Ya es hora de deshacerse de este mandato innecesario y volver a la vida normal”.

En una demanda de medidas cautelares y declaratorias, la procuradora general Moody y los estados unidos argumentan que el mandato ilegal de máscara de los CDC excede la autoridad de la agencia de varias maneras. Primero, el estatuto utilizado para justificar el mandato no autoriza medidas para toda la economía. En segundo lugar, el estatuto solo autoriza reglas directamente relacionadas con la prevención de la propagación interestatal de enfermedades; no permite requisitos de mascarillas para personas que no muestran signos de infección.

Además, la denuncia destaca que la regla de los CDC es arbitraria y caprichosa, ya que requiere avisos y comentarios que no se dieron antes de implementarse y no consideró las acciones que los estados ya habían tomado para controlar la propagación de COVID-19. El mandato también exige que los medios de transporte y los centros de transporte administrados por el estado hagan cumplir afirmativamente la regla, en violación de la doctrina anti-comandancia.

La denuncia busca la erradicación del mandato de máscara ilegal y una medida cautelar permanente contra la aplicación.

A la procuradora general Moody se unen en la demanda los procuradores generales de los siguientes estados: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, South Carolina, Utah, Virginia y Virginia Occidental.

La procuradora general Moody presentó la acción ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida.

Recientemente, la procuradora general Moody lideró a otros 22 procuradores generales estatales para exigir el fin del mandato del uso de mascarillas del programa Head Start que obligaba a los niños desde los dos años a usar mascarillas, incluso cuando jugaban afuera. La procuradora general Moody presentó previamente una demanda para poner fin a este mandato y ganó, y el presidente Biden continúa ignorando la ley al mantener el componente de máscara del mandato en su lugar.