Durante el mes de julio de 2023, la polémica ley SB-1718 impulsada por el gobernador Ron DeSantis, finalmente entró en vigor en Florida. La herramienta legal condiciona a los indocumentados en el ámbito laboral, transporte, identificación y principalmente en el área de la salud.
Más allá de ser tildada como una de las leyes más duras contra la inmigración, también ha desatado una ola de críticas por parte de organizaciones y miembros del ala demócrata. Especialmente porque desde que comenzó a regir en el estado, el nerviosismo ha imperado entre los inmigrantes con estatus irregular y desisten de recibir atención médica.
Muchas de estas personas que requieren tratamientos o vigilancia por alguna condición de salud, optaron por no acudir a los hospitales. En su mayoría, evitan trasladarse a los centros que reciben fondos del programa federal Medicaid debido a que estos sitios están obligados a preguntar si los pacientes están o no legales en el país.
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De acuerdo con un reporte hecho por Político, aquellos que tienen un estado crítico y mujeres con embarazos de alto riesgo prefieren permanecer en sus hogares. “Ha habido un aumento en la presión que sienten estas personas. Simplemente piensan demasiado para recibir un tratamiento”, dijo Thelisha Thomas, directora de la organización Healthy Start Coalition.
Todos los hospitales que acepten Medicaid deben incluir en su informe la información del estatus migratorio del paciente. Foto Freepik.
¿Qué dice la ley sobre el estatus migratorio?
El estatuto exige a los hospitales y centros de asistencia médica que aceptan Medicaid a recopilar información sobre el estado migratorio de los pacientes. Según la sección 5 del artículo 395.3027, estos sitios deben dejar un registro físico sobre los datos aportados por la persona.
“Deben incluir una disposición en sus formularios de admisión e indicar si el usuario es ciudadano de los Estados Unidos. En su defecto, especificar si está o no legalmente presente en el país”, refiere el artículo.
La disposición causó que muchas personas, incluyendo los beneficiarios por Parole, se limitaran a recibir atención médica por temor a ser perseguidos. Frente a esto, la representante demócrata, Anna Eskamani, alertó que el número de mujeres en estado de embarazo que asisten a chequeos regulares cayó significativamente.
Debido al riesgo que esto supone, los defensores de los derechos de los inmigrantes han tratado de informar sobre esta ley. Eskamani dijo en una entrevista para Político que han instado a los hospitales para que aclaren a sus pacientes de qué va este mecanismo.
Las mujeres embarazadas con estatus irregular o con procesos abiertos para legalizar su estadía desisten de visitar al médico por temor. Foto Quirosalud.
¿Un indocumentado puede o no recibir atención hospitalaria?
La representante demócrata por Orlando, explicó que no todos los centros de salud del estado están obligados a realizar este informe. Además, no todos los pacientes están en el deber de responder sobre su estatus, solo en aquellos sitios donde se acepta Medicaid.
Además, la normativa también expone que la consulta médica y el registro debe hacerse junto con una declaración de seguridad. Es decir, que la respuesta que aporte la persona no afectará en absoluto que un especialista lo atienda ni tampoco resultará en una persecución por parte de las autoridades.
El registro del paciente que incluye su estatus migratorio solo se realiza con fines informativos. Por lo tanto, esta sección no prohíbe la atención a indocumentados ni tampoco genera una alerta al Departamento de Migración.
Por otra parte, si el usuario no desea responder está en su derecho de negarse ya que no está en la obligación de hacerlo.
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Nueva legislación para contrarrestar efectos de SB-1718
La representante estatal demócrata por Orlando, Johanna López, presentó una ley a principio de 2024 para proteger a las personas de los efectos de la normativa en las clínicas sin fines de lucro.
En su propuesta, López enfatizó que ninguna organización a través de esta herramienta legal, no estarían obligadas a preguntar a sus pacientes por el estatus migratorio.
A juicio de la representante, esto funcionará para que los inmigrantes indocumentados no teman a realizarse un chequeo médico. No obstante, la SB-1718 es clara en el texto al especificar que los datos aportados por los pacientes no interfieren en la atención ni mucho menos acarrea una persecución en su contra.
