Rafael Enrique Pinto Franceschi, con residencia en Miami, y Franz Herman Muller Huber, con residencia en Weston, están acusados de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, fraude electrónico y conspiración para lavar dinero.
Un ex representante de ventas y el presidente de una empresa con sede en EEUU fueron acusados de soborno extranjero, fraude electrónico y cargos de lavado de dinero, por sus supuestos roles en un plan para asegurar de forma corrupta ventajas comerciales, incluidos contratos y pagos de facturas vencidas, de la empresa estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).
El asistente del fiscal general, Brian A. Benczkowski, de la División Penal del Departamento de Justicia; el fiscal federal Ryan K. Patrick, del distrito sur de Texas, y el agente especial a cargo Mark Dawson, de la Oficina Nacional de Investigaciones de Seguridad Nacional de Inmigración y Control de Aduanas de los EEUU, hicieron el anuncio a través de una nota de prensa publicada en el portal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
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Los acusados son Rafael Enrique Pinto Franceschi (40), con residencia en Miami, y Franz Herman Muller Huber (68), con residencia en Weston. Ambos fueron acusados de cinco cargos en el Distrito Sur de Texas el 21 de febrero,y este martes se presentaron ante Jonathan Goodman, juez federal de primera instancia del Distrito Sur de Florida.
Pinto y Muller están acusados de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, dos cargos de fraude electrónico y un cargo de conspiración para lavar dinero.
La acusación formal alega que a partir de 2009 o alrededor de ese año y al menos hasta 2013, Pinto, quien era representante de ventas de un proveedor de PDVSA con sede en Miami (denominado “Compañía A” en la acusación), y Muller, presidente de esta Compañía A, conspiraron con otros para sobornar a tres funcionarios de PDVSA a cambio de brindar asistencia en relación con el negocio.
De acuerdo con la acusación, a cambio de pagos de sobornos, los funcionarios de PDVSA supuestamente ayudaron a la “Compañía A” a obtener contratos adicionales de PDVSA, información privilegiada y pago de facturas vencidas.
La acusación explica que cuando la compañía recibía un pago de PDVSA, Pinto se debía comunicar con uno de los funcionarios sobornados para que se creara una factura ficticia de una empresa Shell panameña que “le cobraba” a la “Compañía A” el 3% de todos los pagos que PDVSA les hacía. Este 3% era enviado en una transferencia a un banco en Suiza. Según la acusación, la factura falsa creada se enviaba a Muller, quien se aseguraba de que éstas se pagaran.
Los cargos por fraude electrónico contra Pinto y Muller se basan en alegaciones de que, además de enviar dinero de la “Compañía A” a los tres funcionarios de PDVSA para beneficiar a la “Compañía A”, Pinto y Muller recibieron sobornos en relación con el plan. En total, se alega que Pinto recibió más de $985.000 en pagos de sobornos, y Muller más de $258.000.
Dos de los tres funcionarios están acusados de sobornos: José Camacho e Iván Guédez, ambos de Houston. Estos sujetos ya se declararon culpables en relación con el caso y están a la espera de la sentencia.
Una acusación formal es simplemente una acusación y los acusados son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad, más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia.
El Departamento de Justicia ha anunciado cargos contra 21 personas, 15 de las cuales se han declarado culpables, como parte de una investigación más grande y en curso del gobierno de los Estados Unidos sobre sobornos en PDVSA.
HSI Houston está llevando a cabo la investigación en curso con la asistencia de HSI Boston y Miami. Los abogados litigantes Sarah E. Edwards y Sonali D. Patel de la Sección de Fraude de la División Criminal y los fiscales federales adjuntos John P. Pearson y Robert S. Johnson, del Distrito Sur de Texas, están procesando el caso. La fiscal federal adjunta Kristine Rollison, del Distrito Sur de Texas, está manejando los aspectos de decomiso del caso.
Se conoció que la Oficina de Asuntos Internacionales de la División de lo Penal, la Oficina Federal de Justicia de Suiza y la Autoridad de Asistencia Legal Mutua de Caimán y la Oficina del Director de la Fiscalía Pública de Caimán también brindaron asistencia.
La nota indica que la Sección de Fraude es responsable de investigar y procesar todos los asuntos de la FCPA.
Se puede encontrar información adicional acerca de los esfuerzos de cumplimiento de la FCPA del Departamento en www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa.
Fuente: DiariolasAméricas
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