Un documento emanado del Banco Central de Curazao y San Martín el pasado 2 de septiembre de 2019, revela que la decisión del referido ente emisor de retirar la licencia de operaciones al Banco del Orinoco N.V. otorgada el 12 de septiembre de 1994, obedeció a que dicha entidad, filial del Banco Occidental de Descuento (BOD), se valió en reiteradas oportunidades de documentos falsos para engañar y defraudar al CBCS, así como también por violar la normativa legal relativa al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Por Maibort Petit
Tales actitudes del BDO impidieron que el Banco Central de Curazao evaluara adecuadamente que las operaciones del banco cumplieran con lo establecido en las regulaciones y legislación de la nación antillana.
Igualmente, la decisión tomó en consideración el reiterado incumplimiento, por parte del BDO, de las sentencias ejecutorias del Banco Central de Curazao y San Martín sin justificación válida alguna.
Dada la “conducta ilícita del BDO”, el CBCS retiró la licencia bancaria del BDO, hecho que significó la intervención inmediata de la entidad al estimarse que tal decisión era “el único remedio adecuado” para solventar la situación.
El Grupo Financiero BOD, propietario del Banco del Orinoco, intentó dar un viraje a los hechos y difundió una nota de prensa en la que informó que había decidido cesar sus actividades en Curazao y, por esta razón, la asamblea de accionistas del Banco del Orinoco NV, en sesión que tuvo lugar el 3 de septiembre de 2019, “acordó voluntariamente la liquidación del Banco y consecuente cese de las operaciones de dicha Institución Financiera”.
La referida nota informativa indicaba que “en razón del riesgo país que representa la isla de Curazao, en virtud del incumplimiento recurrente del sistema de prevención de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo en esa localidad, lo cual ha incidido en la imposibilidad de mantener corresponsalías y cuentas locales por parte de las instituciones financieras extranjeras” motivaron el “cese de las relaciones de corresponsalía que mantenía el Banco del Orinoco NV”[1].
El 4 de octubre de 2019, el Tribunal de Primera Instancia de Curazao declaró la bancarrota del Banco del Orinoco N.V. que tenía su sede principal en Willemstad. El ente judicial nombró como juez comisionado a P.E. de Kort, mientras que M.R.B Gorsira y C. M. van Liere para que actuarán como fideicomisarios de bancarrota y se encargaran de la liquidación del patrimonio del BDO[2].
El 9 de octubre de 2019, el BOD dio a conocer que apelaría la decisión del tribunal curazoleño de declarar en bancarrota a su filial Banco del Orinoco NV y aseguró que protegería los activos de su subsidiaria estimados en USD 1.165 millones[3].
Ante esta decisión de las autoridades judiciales curazoleñas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela “ordenó al Banco Central de Curazao y San Martín abstenerse de “ejecutar cualquier orden, requerimiento o instrucción que suponga enajenar, gravar o en cualquier forma afectar los títulos valores que integran el portafolio de inversiones” del Banco del Orinoco N.V. hasta que concluyan los juicios relacionados con la medida adoptada por las autoridades financieras de Curazao contra la filial del Banco Occidental de Descuento (BOD) en esa nación caribeña. Igualmente, la máxima instancia del Poder Judicial venezolano también suspendió la resolución emitida por Sudeban de prohibir al BOD llevar a cabo nuevas inversiones o abrir nuevas sucursales bancarias dentro y fuera del país [4].
La decisión
El 2 de septiembre de 2019, J. Jardim, director económico financiero, y L. Matroos-Lasten, director de secretaría del Banco Central de Curazao y San Martín, dirigieron una comunicación al Banco del Orinoco N.V. (BDO) ubicado en Windstraat 3, primer piso, Curazao, con copia por correo electrónico a Jairo Bloem ([email protected]) en Juancho Yrausquin Blvd 6, Philipsburg, Sint Maarten, en la que informaron que el CBCS determinó que el BDO operaba en violación de varias obligaciones materiales de conformidad con la Ordenanza Nacional sobre la Supervisión de las Instituciones Bancarias y de Crédito de 1994 (NG 1994, Nº 4, NOSBCI), razón por la cual decidió retirar la licencia con el número 94-11.502 otorgada a BDO el 12 de septiembre de 1994, medida que tenía efecto inmediato.
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