Médico de Florida demanda a Airbnb tras alquilar una propiedad de forma ilegal en Cuba

La compañía dedicada a la oferta de alojamiento a particulares y turísticos online, Airbnb, se encuentra en medio de una pugna legal en Florida por supuesto beneficio ilícito.

La empresa con sede en California es una de las plataformas más utilizadas en el sur de Florida, principalmente por turistas. Por ejemplo habilitó método que permite subarrendar apartamentos en Wynwood.  Pero no todo ha sido color de rosa.

En el 2023,  un anfitrión vivió un dolor de cabeza luego de que un inquilino no quiso devolver la propiedad. En otro caso, un niño casi pierde la vida en una residencia listada ilegalmente en la plataforma.

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En esta oportunidad, un médico con residencia en Florida inició acciones legales contra la plataforma de alquiler, argumentando que la empresa se benefició ilegalmente al incluir en su sitio web una propiedad que el gobierno cubano de Fidel Castro confiscó décadas atrás. En la querella, el demandante asegura que Airbnb no compensó adecuadamente a su familia por el hecho.

La demanda fue presentada el pasado lunes 4 de marzo en un tribunal de Florida y ha captado la atención de los medios. Especialmente por su vinculación con el “tráfico” de propiedades residenciales en la isla, según informaron los diarios El Nuevo Herald y Diario de Cuba.

Comercio con propiedades confiscadas en Cuba

El inmueble de la demanda está ubicado en la Avenida 33 de Marianao, La Habana. Es anunciado en la empresa al menos desde 2017 para hospedar a personalidades políticas. Este es un edificio de seis apartamentos propiedad de la familia Parreño, entre ellos Alberto Parreño, administrador del patrimonio familiar.

El demandante, Javier García-Bengochea, primo y administrador del patrimonio de Parreño, es un neurocirujano cubanoamericano con residencia en Jacksonville.

García-Bengochea ha estado presionando activamente al Congreso y a diversas administraciones para hacer cumplir las disposiciones de la Ley Helms-Burton de 1996, también conocida como Ley Libertad. La cual permite demandar a empresas que comercien con propiedades confiscadas en Cuba.

La entrada en vigor de la Ley Helms-Burton restableció el derecho a demandar a empresas con negocios en Cuba por tráfico con propiedades confiscadas, lo que resultó en una oleada de demandas contra entidades estadounidenses, extranjeras y cubanas que operan con tales propiedades.

Sobre este caso en especifico, a pesar de ser notificada sobre la ilegalidad, Airbnb continuó anunciando la propiedad entre 2019 y 2022. Este hecho constituiría un acto consciente y continuado de tráfico con la propiedad.

Otras demandas

Según El Nuevo Herald, en enero de 2022, Airbnb Inc alcanzó un acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros. En ella abonaron $91.172 debido a la admisión de huéspedes estadounidenses en Cuba que viajaron sin cumplir con las 12 categorías autorizadas por Washington.

En cuanto a la presencia de Airbnb en Cuba, la empresa, que según su sitio web anuncia más de 1.000 alquileres en La Habana, comenzó a operar en el país en 2015. Sin embargo, la compañía ha enfrentado desafíos legales por aparentes violaciones del embargo estadounidense.

Airbnb promociona, en la actualidad, más de 1 000 rentas vacacionales en La Habana, lo que empezó a ponerse en práctica en 2015 aprovechando el período de deshielo del mandato de Barack Obama.