El Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció este miércoles la completa activación de la Ley Helms-Burton, que permite a estadounidenses y cubanoamericanos demandar a compañías cubanas y extranjeras con inversiones en la isla por tráfico de propiedades confiscadas sin compensación tras la llegada al poder de Fidel Castro en 1959.
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“La Administración de Trump no suspenderá más el Título III una decisión que entrará en vigor el 2 de mayo”, dijo Pompeo en una rueda de prensa.
“Después de más de 22 años de retrasos, los estadounidenses finalmente tendrán la oportunidad de hacer justicia”, declaró Pompeo.
“Durante años el régimen cubano ha exportado su opresión a Venezuela. Servicios militares, de inteligencia y seguridad cubanos mantienen a Maduro en el poder. Esto socava la estabilidad de países en el hemisferio occidental y es una amenaza a la seguridad nacional de EE.UU“, explicó el jefe de la diplomacia estadounidense.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, dijo en su cuenta de Twitter que la decisión de la Administración Trump es una advertencia al régimen de La Habana de que “estamos preparados para responsabilizarlo por sus violaciones de los derechos humanos y la continua represión del pueblo cubano”.
La excongresista Ileana Ros-Lehtinen calificó la medida de acto histórico: “Cuando escribimos y pasamos la ley Helms-Burton hace tantos años, nunca pensábamos que no se iba a implementar totalmente. Ahora, al fin, la ley LIBERTAD se aplicará como la escribimos! Wow!”, señaló en Twitter.
La secretaria de Estado adjunta para Latinoamérica y el Caribe, Kimberly Breier, aclaró en la misma rueda de prensa que no habrá excepciones en la aplicación de la Ley y que el único modo de evitar las demandas es que las compañías se aseguren de no estar comerciando con propiedades expropiadas por el régimen de Cuba.
“Las empresas europeas que operan en Cuba no tendrán nada de qué preocuparse si no operan en propiedades que les han sido arrebatadas a los estadounidenses”, apuntó la subsecretaria de Estado.
Hay alrededor de 6.000 reclamos certificados por la Comisión de Ajuste de Reclamaciones en el Extranjero del Departamento de Justicia, dijo Breier.
Tal es el caso de importantes empresas como Coca-Cola, Exxon Mobil y Colgate-Palmolive y una filial de la compañía de materiales de oficina, Office Depot, propietaria de Cuban Electric Company.
Esas querellas tienen un valor calculado en 8.000 millones de dólares: 2.000 millones en propiedades y 6.000 millones en intereses, dijo la funcionaria.
Además, hay alrededor de 200.000 reclamaciones sin certificar que podrían ascender a decenas de miles de millones de dólares, agregó.
Tras el anuncio de EEUU, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, escribió en su cuenta oficial de Twitter que la activación del Título III de la Ley Helms-Burton es parte de una “agresiva escalada” contra Cuba y un “ataque al Derecho Internacional y a la soberanía de Cuba y de terceros Estados”.
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