La violencia, desatada en Nicaragua desde el 18 de abril, con un saldo de 317 muertos y cientos de heridos, es responsabilidad absoluta del régimen de Daniel Ortega, que sólo ha tenido una política de represión bestial contra quienes disienten del gobierno sandinista, señalan opositores
Por redacción Miami Diario
Tanto el Frente Amplio Democrático, FAD, integrado por dirigentes de la antigua fuerza opositora de Nicaragua, como la Presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos Vilma Núñez, consideran que el gobierno del presidente Daniel Ortega intenta evadir su responsabilidad sobre la violencia esa violencia criminal.
El FAD alertó “sobre la intencionalidad del Gobierno de Nicaragua de evadir y esconder permanente ante la comunidad internacional su responsabilidad en las graves violaciones de derechos humanos y el incumplimiento de las recomendaciones del informe preliminar de la CIDH, suscritas por el Estado de Nicaragua”.
Según esa alianza de movimientos políticos y sociales, ese es el fin que busca el “Informe Evaluativo de la actuación parcializada de la CIDH” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, el pasado sábado.
Gobierno dice que es manipulado
El Ejecutivo nicaragüense afirmó que el primer informe de la CIDH está basado “en informaciones audiovisuales y testimonios editados y manipulados por los autores y ejecutores del intento de Golpe de Estado, dándole plena veracidad a los mismos, sin haberle dado posibilidad al Gobierno de Nicaragua de pronunciarse sobre tales afirmaciones infundadas”.
De las 317 muertes registradas por la CIDH, el Gobierno solo reconoce 198 y culpa a los manifestantes, a quienes además califica de “golpistas”, de ser los responsables de los fallecimientos y de cometer “vejámenes” en contra de simpatizantes del partido gobernante, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Al respecto, el FAD rechazó “categóricamente las falsedades y calumnias que contiene este informe, con las que el Gobierno de Nicaragua pretende descalificar el trabajo” de la CIDH, “atreviéndose inclusive a insinuar que son parte de la narrativa de “Golpe de Estado” fabricada para justificar el terrorismo de Estado”.
Esa alianza recordó al Gobierno de Nicaragua “que en esta era de la información digital, las violaciones a los DDHH que ha cometido y que documenta la CIDH son inobjetables”. Asimismo, reconoció y agradeció e el arduo trabajo de la CIDH, a través del Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) “por documentar e investigar estos graves delitos, pese a la falta de colaboración de las instituciones estatales”.
Ortega quiere expulsar a la Comisión de Derechos Humanos
“Rechazamos cualquier acusación, descalificativo o imputación delictiva en contra de la CIDH”, declaró Vilma Núñez, presidenta del organismo de derechos humanos de Nicaragua . El Gobierno sólo reconoce 198 y culpa a los manifestantes, a quienes además califica de “golpistas”, de ser los responsables de los fallecimientos y de cometer “vejámenes” en contra de simpatizantes del partido gobernante, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
La defensora de derechos humanos dijo que esta medida tomada por el Gobierno, es un intento de deslegitimar la labor de escrutinio que ha tenido la CIDH durante toda la crisis del país. “Llamamos al pueblo a no dejar que la CIDH sea expulsada del país”, agregó.
De concretarse esta amenaza, sería un precedente grave de violación de derechos humanos, aseveró Núñez. “Prácticamente el Gobierno se colocaría al margen de cualquier ley”, advirtió.
