La agresión física que sufrieron este lunes los Obispos en una basílica en la ciudad nicaragüense de Diriamba, ha causado consternación en el país y ha enturbiado el diálogo nacional, con el cual se pretende encontrar alternativas para superar la crisis nicaragüense, que ya ha cobrado —al menos— 320 vidas, en la nación centroamericana.
Además de esa agresión contra el cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes y el nuncio apostólico Stanislaw Waldemar Sommertag, entre otros, ejecutada por un grupo parapolicial afín al Gobierno del presidente Daniel Ortega, un templo católico en la ciudad de Jinotepe (Pacífico) fue profanado por otro grupo de paramilitares.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua, mediadora y testigo del diálogo nacional, suspendió este lunes las mesas de trabajo creadas para superar la crisis en el país, debido a la agresión física que sufrieron los religiosos.
El Episcopado había citado este lunes a la Mesa de Verificación y Seguridad, así como a la Mesa Electoral, no así a la de Justicia, para reiniciar el diálogo; sin embargo, optó por aplazar las dos mesas de trabajo, tras los sucesos en Diriamba.
Adicionalmente, este lunes, un grupo de parapolicías irrumpió violentamente en la basílica de San Sebastián, donde agredieron a varios obispos y periodistas, entre ellos el Nuncio Apostólico, el cardenal Brenes y el Obispo Silvio Báez; una clara profanación de un recinto religioso sagrado.
La agresión ocurrió cuando los obispos viajaron a Diriamba, 42 kilómetros al sur de Managua, para liberar a un grupo de enfermeros y misioneros franciscanos, sitiados por los parapolicías en el templo.
La situación se presentó después de que una delegación de la Iglesia católica, acompañada por la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPHD), entró en la plaza central de Diriamba. A agencia EFE pudo constatar que cuando la delegación eclesiástica llegó al lugar los agentes uniformados que reguardaban la instalación eclesial desaparecieron, para dar paso a centenares de encapuchados civiles y simpatizantes del presidente Ortega.
El Episcopado también denunció que un templo católico en la ciudad de Jinotepe (Pacífico) fue profanado por un grupo de paramilitares. Ambos sucesos fueron enmarcados dentro de la ola de violencia desatada por actos de represión hacia las personas que protestan contra el presidente Ortega; situación que han cobrado al menos 320 vidas, según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPHD); cifra cuestionable, a la luz de la cruda violencia vivida en Nicaragua.
Por otra parte, Amnistía Internacional (AI) denunció la actuación conjunta de agentes y grupos parapoliciales, para atacar a la población civil nicaragüense, incluyendo ahora a Obispos, en una represión que ha llegado a niveles deplorables.
“Los grupos parapoliciales andan a sus anchas fuertemente armados, acompañados por cuerpos policiales, cometiendo ataques de forma conjunta en contra de la población civil”, criticó la Directora de Amnistía Internacional para América Latina, Erika Guevara, en una declaración escrita enviada a EFE.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de Ortega por graves violaciones a los derechos humanos.
La CIDH ha señalado “asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país”, lo que el Gobierno de Nicaragua rechaza.
Paradójicamente, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, sostuvo que su Gobierno no ha instalado el terrorismo, ni la violencia, ni la muerte en este país.
Adicionalmente, el Gobierno de Ortega anunció que discutirá una propuesta de “democratización” presentada en el diálogo, solo si se resuelve antes el “gravísimo problema del terrorismo” en el país.
Fuente: El Nuevo Herald
