Florida aprueba ley para impedir que personas sin hogar duerman en espacios públicos

A principios de febrero Ron DeSantis informó en una rueda de prensa en Miami Beach que no permitiría que Florida se convirtiera en San Francisco. Esta afirmación fue en relación a los campamentos de personas sin hogar en las calles. En ese momento el gobernador confirmó que estaba trabajando junto con la legislatura estatal en un proyecto de ley (HB-1365), que impediría que este grupo acampe en las calles y espacios públicos.

El Senado de Florida aprobó la iniciativa con 27 votos a favor y 12 en contra, en una sesión que terminó la noche del martes 6 de marzo. Una semana antes, la Cámara de Representantes había avalado el proyecto, al que DeSantis manifestó su total apoyo.

Una vez que tenga la firma del gobernador, esta ley prohibiría a las ciudades y condados que otorguen permisos a los ‘homeless’ para dormir en edificios o vías públicas.

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El senador republicano Jonathan Martin fue el patrocinador del proyecto y aseguró que el objetivo es proporcionar seguridad. Este grupo debería pernoctar en espacios más acordes que debajo de los pasos elevados, en los parques o pabellones.

“La insuficiencia de camas en refugios y soluciones de vivienda permanente dan como resultado que se duerma y acampe sin refugio en lugares públicos. Lugares que queremos que disfruten nuestros hijos y nietos, como los parques. Este proyecto de ley es una respuesta compasiva a la escasez de refugios y viviendas de apoyo al proporcionar una alternativa a dormir en las calles”, dijo Martin.

Cómo funcionará la ley

Bajo los parámetros de la HB-1365, los condados podrían designar áreas para que las personas sin hogar acampen por hasta un año. Para esto deberán obtener la aprobación del Departamento de Niños y Familias del estado.

Los usuarios de estos campamentos permitidos, no podrán consumir alcohol o drogas ilegales en las instalaciones. Además, deben ser lugares que garanticen servicios como baños y agua corriente. Se requiere también que ofrezcan seguridad y que no dañen las propiedades aledañas.

El proyecto de ley define acampar en público como “resistir durante la noche en una habitación temporal al aire libre utilizada como vivienda o espacio habitable. Evidenciado por la construcción de una tienda de campaña u otro refugio temporal, la presencia de ropa de cama o almohadas, o el almacenamiento de pertenencias personales”.

Las medidas planteadas no se aplicaría a personas que duerman en vehículos estacionados legalmente.

El Senador Martin dijo que cerca de 30 mil floridanos no tienen vivienda y la mitad de ellos tampoco puede acceder a algún refugio. “Es nuestra responsabilidad ocuparnos de las personas sin hogar y por eso no podemos esperar más para ofrecer esta solución. El modelo actual no está funcionando”, señaló.

Por otra parte, la iniciativa daría a los residentes y propietarios de negocios capacidad para presentar demandas civiles contra los gobiernos locales por permitir dormir o acampar ilegalmente en propiedad pública.

Los condados con restricciones fiscales, en su mayoría condados rurales, estarían exentos de ciertos requisitos si su cumplimiento crearía dificultades financieras.

A favor y en contra

El proyecto de ley ya fue aprobado tanto por la Cámara como por el Senado, pero esto no significa que carezca de detractores. Los legisladores que se oponen a la medida, dijeron que es tan solo un esfuerzo por reunir a las personas sin hogar en un solo lugar, para que nadie las vea.

La senadora Shevrin Jones, demócrata por Miami Gardens, dijo que la medida está “literalmente reorganizando la visibilidad de las personas sin vivienda sin una estrategia de salida para quienes se encuentran sin hogar”.

Otros opositores abordaron la preocupación de que estos campamentos designados no puedan garantizar que no haya presencia de depredadores sexuales. Una situación que sería un peligro tanto para los menores de edad dentro de las instalaciones como los que vivan cerca de la comunidad.

El próximo paso para que la ley llegue al escritorio de DeSantis es que se apruebe el presupuesto para el proyecto. De acuerdo con Martin, la cifra requerida es de $117.46 mil millones, de los cuales 30 estarán dirigidos a brindar servicios de salud mental y abuso de sustancias.

Si el gobernador estampa su firma en el proyecto de ley, esta entraría en vigencia a partir del 1 de octubre de 2024.