Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncia ante la ONU y la UNICEF la situación de los menores de edad encarcelados en Cuba tras protestas de julio

– Actualmente, 39 cubanos con edades inferiores a 21 años se encuentran bajo “medida cautelar arbitraria y extrema de prisión provisional”, a la espera de ratificación de condenas de hasta 23 años de privación de libertad.

– Otras decenas esperan la finalización de investigaciones policiales y la celebración de juicios arbitrarios para ir a la cárcel.

– Además, se encuentran en estado de indefensión 107 menores, adolescentes y/o jóvenes que han enfrentado y/o siguen afrontando medidas penales por el simple ejercicio de sus derechos.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) presentó este lunes una denuncia ante el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Fondo de las Naciones Unidas Para la Infancia (UNICEF) por la situación de los 39 menores de edad encarcelados en Cuba por protestar pacíficamente.

“Rogamos que se dé inicio a los procedimientos especiales correspondientes (…) por el contenido, la naturaleza de las víctimas y actualidad de los efectos dañosos a causa del tipo de represión que se demuestra”, recoge la denuncia, de cerca de un centenar de páginas.

Actualmente, 39 cubanos con edades inferiores a 21 años se encuentran bajo “medida cautelar arbitraria y extrema de prisión provisional”, a la espera de ratificación de condenas de hasta 23 años de privación de libertad.

“Otras decenas esperan la finalización de investigaciones policiales y la celebración de juicios arbitrarios para ir a la cárcel, habida cuenta todas las acciones desarrolladas en su defensa dentro de la isla han sido rechazadas o desestimadas bajo el brutal sistema de presión y de coacción implantado por fuerzas de la Seguridad del Estado”, explica el documento.

Además, se encuentran en estado de indefensión 107 menores, adolescentes y/o jóvenes que han enfrentado y/o siguen afrontando medidas penales por el simple ejercicio de derechos.

“Las detenciones y procesos que se sostienen sobre cientos de niñas, niños, adolescentes y/o jóvenes manifestantes, deben ser declaradas como arbitrarias y en su favor se necesitan urgentes pedidos de libertad y de reparación”, exige el OCDH.

La denuncia recuerda que, respecto a Cuba, UNICEF ha centrado su atención en analizar la repercusión sobre la infancia de las “diferentes políticas públicas en materia de instrucción, salud y cultura básicas no democráticas”, pero no sobre las políticas y legislaciones existentes, contrarias al recto sentido de la Convención de los Derechos del Niño, que hace imposible la supervivencia segura de los que deseen ser partícipes de los procesos de cambio.

El OCDH recuerda que la Convención de los Derechos del Niño no está implementada en Cuba, ni el sistema de reglas de las Naciones Unidas para la protección del niño presunto comisor de delito. También denuncia la inexistencia en Cuba de un sistema de educación democrática que promueva y defienda a plenitud los derechos humanos.

Algunos de los datos presentados son:

-Por edad. Se han registrado acciones policiales contra 1 menor de 14 años; 3 menores de 15 años; 10 menores de 16 años y 29 menores de 17 años de edad.

– Por sexo. 36 son niños y 7 son niñas.

– Por edad sin responsabilidad penal: Una niña de 15 años, sin edad de responsabilidad penal y estudiante de informática, está sancionada con medida de internamiento. Otros 3 niños, uno de 14 años de edad y los otros 2 de apenas 15 años de edad, igualmente están privados de libertad a través de medidas administrativas de internamiento. Todas han sido adoptadas sin el debido proceso.

-Por el estado procesal. Al cierre del 9 de diciembre de 2021 quedaban 14 menores de los 43 reportados con medidas privativas de libertad personal. La cifra de detenidos representa el 32,5% del total de los reprimidos. A pesar de haber transcurrido más de cinco meses, penden de juicio oral los 14 detenidos arbitrariamente, certificándose que se mantienen todos bajo la medida cautelar extrema de la prisión provisional.

-9 menores tienen restringidas su libertad personal y de movimiento mediante la aplicación de 4 medidas cautelares de fianza en efectivo; 4 medidas cautelares de obligación contraída en acta con el Instructor Policial y 1 menor está sujeto a medida cautelar de reclusión domiciliaria. En tanto otros dos esperan juicio oral sin decisión cautelar y del resto en un punto de nuestras investigaciones se desconoce las circunstancias. Lo anterior concluye categóricamente que 25 menores esperan, en diversas circunstancias y amenazas graves de detención temporal definitiva, el desarrollo del arbitrario juicio oral y su resultado en sentencias.

-Llama la atención que 11 de los 14 menores de edad que permanecen presos han recibido imputación oficial por el delito de Sedición, previsto y sancionado en el artículo 100 del Código Penal, cuyo marco sancionador prevé condenas de 10 a 20 años o muerte (Pena Capital) “si el delito se comete en situación de guerra o que afecte la seguridad del Estado, o durante grave alteración del orden público, o en zona militar, recurriendo a las armas o ejerciendo violencia”.

La denuncia solicita que, de oficio y/o por conducto de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la UNICEF, puedan activarse otros procedimientos especiales conexos relacionados como el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, el Relator especial sobre la promoción y protección de los derechos de libertad de opinión y expresión y el Representante especial del Secretario General de la ONU para los defensores de derechos humanos.

Se señalan como presuntos responsables directos del incumplimiento de los instrumentos jurídicos internacionales que constituyen el objeto central de comunicación/denuncia a Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República de Cuba y primer secretario del PCC; Juan Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro. Además como presuntos responsables indirectos se señalan al General de Brigada Lázaro Alberto Álvarez, ministro del Interior; a Yamila Peña Ojeda, Fiscal General de la República, y a Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular.