Los motores fuera de borda son dispositivos que se usan para propulsar las embarcaciones. Son muy codiciados por los ladrones, ya que pueden costar miles de dólares y son fáciles de desmontar y transportar.
Según las autoridades federales, entre 2015 y 2018 se robaron unos 600 motores fuera de borda en el suroeste de Florida y otras partes del estado, con un valor de reemplazo superior a los $11 millones.
Los responsables de este lucrativo negocio ilícito fueron Carlos Orlando Ledesma, de 57 años, y su esposa Nadia Esperanza Ledesma, de 46 años, propietarios de Netcycle Trading Corp., una empresa de transporte de carga ubicada en Doral.
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Los Ledesma tenían un modus operandi: recibían los motores robados de docenas de personas que los entregaban en vehículos no comerciales, sin facturas ni documentación.
Los investigadores estiman que decenas de personas resultaron afectadas
Los motores hallados por las autoridades tenían daños visibles por los robos, como cables y líneas cortados. No obstante, en la investigación no especificaron cuales era el origen de estas unidades.
Para ocultar su operación ilícita, los empresarios contaban con la ayuda de Roberto Marrero Cisneros, un latino de 66 años de edad. Su labor era crear calcomanías con números de serie falsos para pegar en los motores.
Luego, los Ledesma y sus cómplices creaban facturas falsas y presentaban información fraudulenta a las autoridades estadounidenses para exportar los motores a México.
Los compradores de los motores no tenían idea de que eran robados
El destino final de los motores era Tomás Vale Valdivia, un co-conspirador que residía en México y financiaba la operación ilegal. Vale Valdivia es sobrino de Osmani Valdivia Pérez, de 56 años, quien también participó en el esquema pagando en efectivo a los Ledesma, a Marrero Cisneros y a los ladrones de los motores. Vale Valdivia fue sentenciado en 2020 a casi cinco años de prisión por otro delito: el tráfico de migrantes a Estados Unidos.
La justicia federal logró desmantelar esta red criminal gracias a una investigación que duró varios años y que incluyó registros falsificados, imágenes de videovigilancia y cooperación internacional.
Los cuatro acusados se declararon culpables de conspirar para exportar mercancías robadas. Por este motivo, recibieron penas de prisión que van desde un año y medio hasta cinco años. Además, tuvieron que devolver más de $400 mil a las víctimas identificables del robo.
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