Durante el año 2023, los fiscales federales investigaron un plan de soborno que involucró a dos ex supervisores de la DEA de Estados Unidos.
Los dos veteranos supervisores de la DEA, John Costanzo Jr. y Manny Recio filtraban información confidencial a abogados defensores. Esto como parte de una conspiración de sobornos en casos importantes, principalmente con objetivos del narcotráfico internacional.
Tras un juicio de dos semanas, que colocó bajo los reflectores la pésima forma en que la agencia antinarcótico estadounidense maneja secretos gubernamentales, fueron hallados culpables los agentes y destapó una gran trama de sobornos que abarcó todo el país, incluido Miami.
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Aunque el caso parecía cerrado, los fiscales federales centraron su atención en dos abogados defensores de Miami, sospechosos de lucrarse con revelaciones no autorizadas de datos confidenciales de la agencia antidrogas estadounidense.
Investigación del caso
La Oficina del Fiscal Federal en Manhattan presentó documentos judiciales este 22 de enero. En ello, acusa a los abogados de financiar el plan y pedir a un juez que permita a los fiscales revisar casi 1.000 correos electrónicos, mensajes de texto y grabaciones de llamadas telefónicas protegidas entre los abogados y Manny Recio.
Es importante mencionar que las comunicaciones de los abogados con sus clientes y miembros de investigación son confidenciales. Por lo general, están fuera del alcance de las autoridades policiales, a menos que se utilicen para llevar a cabo actividades delictivas.
Inicialmente, los abogados, David Macey y Luis Guerra, no estaban en el radar de las autoridades. Pero esa medida inusual de pedirle a un juez que invocara la “excepción de fraude criminal” a este privilegio, los colocó en el mapa de la DEA, aseguró la agencia AP.
Ni Macey ni Guerra han sido acusados, pero los fiscales se refirieron a ellos como “abogados corruptos” que “pagaron generosamente por secretos de la DEA”.
Las comunicaciones también los delataron
En la investigación se develó que ambos abogados son miembros desde hace muchos años de lo que en Miami se conoce como “crooked attorneys”. Un círculo ferozmente competitivo de abogados defensores que luchan por conseguir clientes capos de la droga, negociar acuerdos de redención y convertirlos en cooperadores del gobierno.
En un campo tan lucrativo, la notificación anticipada de una acusación o de investigaciones en curso puede ser la clave para reclutar exitosamente a un nuevo cliente. Pero pagar a funcionarios públicos por información privilegiada es ilegal.
Los fiscales dijeron en el juicio que después que Recio se jubiló, trabajó para estos dos abogados como investigador privado. En este nuevo azar, pedía a Costanzo registrar e identificar nombres en una base de datos confidencial de la DEA que rastreara federales de interés para sus nuevos empleadores.
Su plan iba orientado a narcotraficantes
Los dos también discutieron el momento del arresto del principal narcotraficante en la República Dominicana. Además, la fecha exacta de 2019 en la que el gran jurado debía acusar al empresario Alex Saab, uno de los principales objetivos criminales en Venezuela y ficha importante para el gobierno de Nicolás Maduro.
“A lo largo del plan de soborno, Costanzo filtró información repetidamente a Recio. Esto con el fin de beneficiarlo a él y a los abogados con los que trabajaba”, escribieron los fiscales en un memorando de 28 páginas. En este, se citaron las comunicaciones telefónicas intervenidas entre Recio y Costanzo presentadas durante el juicio. “Él (Costanzo) estaba filtrando información para que Macey y Guerra pudieran atraer más clientes, y tuvieran información privilegiada”.
Con toda esta red de sobornos, los abogados hicieron muchos regalos a los dos funcionarios de la DEA. El más importante fueron casi $100,000 por el servicio, carros de último modelo, joyas e inmuebles.
Hasta ahora no hay arrestos oficiales contra los dos abogados, aún persiste la investigación.
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