Acusar a alguien de racismo en Florida podría costar $35 mil en multas, de aprobarse nueva ley

El nuevo período legislativo de Florida comenzó el pasado 9 de enero y ya están ingresando nuevos proyectos de ley para su discusión. Uno de ellos generó bastante controversia, pues busca cambiar los parámetros en relación a las demandas por difamación, incluyendo casos de acusaciones de racismo, sexismo, homofobia y transfobia.

Se trata de la SB-1780 sobre “Difamación, luz falsa y publicación no autorizada de nombre o imagen”, impulsada por el senador republicano Jason Brodeur. Este proyecto se introdujo el viernes 5 de enero en el Senado y busca rehacer la ley existente, eliminando importantes protecciones constitucionales.

En 2023, una propuesta similar llegó a la Cámara de Representantes. Su objetivo, igual que la iniciativa actual, es ampliar la definición legal de difamación en Florida. De esa manera, podrían castigar el discurso que está protegido por la Constitución.

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De acuerdo con la información publicada en reason.com, de aprobarse esta ley la definición de “figura pública” en este tipo de demandas cambiaría. Esto excluye a los empleados públicos no electos o designados. También a las personas que ganaron notoriedad al defenderse públicamente de una acusación, aparecer en una entrevista o ser el objetivo de un video, imagen o declaración viral en Internet.

¿Qué implica esto? Que las personas a las que respalde la nueva ley, no tendrán que demostrar “malicia real” para que proceda el caso. Este es un estándar que se mantiene vigente en la Corte Suprema desde 1964, por el caso New York Times v. Sullivan, que marcó el inicio de este tipo de demandas.

“Más intentos de frenar la libertad de expresión en el estado “libre” de Florida”, comentó la representante Anna V. Eskamani, miembro de la Cámara de Representantes.

Discriminación por sexo, raza o identidad de género

La SB-1780 cuenta con una disposición que establece como difamación ‘per sé’, las acusaciones de discriminación contra otra persona por su raza, sexo, orientación sexual o identidad de género.

Es decir, si alguien hace un comentario despectivo de otro individuo por su color de piel, sexo u orientación, no podría ser acusado por sus acciones. Señalar a un individuo de racismo, sexismo, homofobia o transfobia será difamatorio, bajo los conceptos de la nueva ley.

Incluso si la acusación se basa en las “creencias científicas o religiosas” de una persona. Estos argumentos no podrán ser utilizados para defenderse.

Implicaciones de la ley para periodistas

Este proyecto de ley también podría abarcar las declaraciones realizadas en medios impresos, televisivos y redes sociales. Por si fuera poco, los privilegios que tienen ciertos periodistas y entidades de medios de comunicación quedarían eliminados.

Por ejemplo, la declaración de una fuente anónima pasaría a ser considerada automáticamente como falsa. En ese sentido, los periodistas quedarían en un estado de vulnerabilidad y podrían ser demandados por difamación.

Las personas que resulten responsables de difamación bajo los nuevos parámetros, podría recibir una multa de al menos 35,000 dólares.

Expertos en materia legal destacaron la dificultad que tendría esta ley para su aprobación, especialmente con el antecedente del fracaso del año anterior. La libertad de expresión es un derecho constitucional y es más probable que los legisladores se apeguen a los parámetros de la Primera Enmienda.