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Demandan al gobierno por insólita tarifa para renunciar a la ciudadanía de EE.UU

Hasta 2010 el proceso para cortar lazos formales era gratis.

Por Adayris Castillo
Demandan al gobierno por insólita tarifa para renunciar a la ciudadanía de EE.UU
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A principios del mes de agosto, cuatro exciudadanos estadounidenses emprendieron acciones legales contra el gobierno de Estados Unidos. La demanda colectiva impuesta en un tribunal federal de Washington, corresponde al beneficio “indebido” del estado por las tarifas que exige a las personas que renuncian a la nacionalidad.

Los involucrados acusaron al gobierno de imponer montos astronómicos y obtener este dinero injustamente de quienes deciden renunciar a su condición como norteamericanos. Según el reporte del caso hecho por The Guardian, la cifra es “caprichosa e ilegal”.

“La tarifa es arbitraria y se utiliza para financiar funciones gubernamentales  no relacionadas con los servicios de renuncia. Esto viola la ley federal”, establece parte de la denuncia replicada por el referido medio.

Leer más: Cómo funciona la Ley de los Diez Años para la legalización de inmigrantes

Desde 2014, los estadounidenses que residen en el extranjero y que ya no desean ser ciudadanos, deben pagar una cifra de renuncia de 2,350 dólares. Este monto también debe ser desembolsado por aquellos que no pueden hacer frente a las exigencias fiscales y se encuentran fuera del país.

“Los estadounidenses en el extranjero son tratados como criminales y evasores de impuestos. Esto no es así, la mayoría de nosotros somos personas normales que vivimos fuera”, dijo una de las demandantes, Esther Jenke para The Guardian.

Todas las personas que se desligan de la ciudadanía norteamericana están obligados a pagar. Foto: Connexion France.

¿Qué dice la ley de Estados Unidos?

La demanda colectiva que sigue su curso y aún no ha tenido respuesta positiva, cuenta con el apoyo de Association of Accidental Americans (AAA). Esta organización se ha encargado de defender la extraterritorialidad de las leyes y en este caso cuestiona el hecho de cómo el Departamento de Estado lidia con las renuncias de ciudadanos.

La Ley de Inmigración en su sección 349, explica detalladamente lo que implica esta decisión. En el texto se exponen diversos puntos, incluyendo la aclaratoria de que al desligarse de la nacionalidad “esta puede que no tenga efecto en las obligaciones tributarias”.

Sin importar cuáles son las razones de la decisión, el gobierno tiene establecido una serie de requisitos para proceder con este tipo de acciones. Hasta 2010, el proceso para cortar lazos formales con el país era completamente gratis.

No obstante, para ese mismo año, el Congreso aprobó la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA). Su objetivo es combatir la evasión de impuestos y obligar a las personas a honrar sus pagos como lo estipula la ley.

Desde entonces, se impuso una tarifa de $450 para los estadounidenses que decidieran desligarse de la ciudadanía. Adicionalmente, pidieron a las entidades bancarias en el extranjero, que informaran al Servicio Interno de Impuestos (IRS) sobre las cuentas de ciudadanos norteamericanos.

¿Cuándo comenzaron los problemas en torno a las tarifas?

En 2014, el Estado hizo un ajuste de tarifa y aumentó repentinamente a 2,350 dólares, monto que se mantiene en la actualidad. Muchas personas comenzaron a cuestionar esta cifra y alegaron que podían deber “impuestos por servicios que nunca recibieron”.

Por otra parte y ante la aplicación de FATCA, algunos comenzaron a tener problemas para abrir cuentas bancarias en el exterior y realizar transacciones financieras de rutina. En ese mismo año, las solicitudes de renuncia comenzaron a incrementarse debido a los problemas.

Sin embargo, los exciudadanos no contaron con que la renuncia igualmente acarrea requisitos y recargos extras.

El gobierno planea una reducción

The Guardian detalló que se cree que hay entre 5 y 9 millones de ciudadanos estadounidenses viviendo en el extranjero. Algunos son expatriados que se mudaron por motivos de trabajo o en busca de una nueva vida.

A pesar de que llevan años fuera y sin importar dónde vivan, tienen la obligación de presentar declaraciones anuales a las autoridades fiscales. Recientemente, el Departamento de Estado publicó un boletín donde explicó que tienen la intención de reducir la carga y volver a la tarifa de 450 dólares.

Pero mientras esto se hace efectivo, las exigencias de los estadounidenses en el extranjero se avivan y llegan a los tribunales.

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