A un paso de las elecciones en Guatemala, continúa el éxodo

En marzo, Rony Ríos se subió a un vehículo en medio de la noche para salir del país. Fue reportero de elPeriódico, uno de los medios de investigación más importantes del país, que publicó su edición final el 15 de mayo.

Su director, José Rubén Zamora, sigue languideciendo en prisión tras 10 meses sin condena. Cuatro de sus abogados han sido arrestados y el Ministerio Público (MP) ordenó investigaciones sobre al menos nueve periodistas. Para ello alegaron que su cobertura del juicio puede constituir una obstrucción a la justicia. Ríos fue uno de ellos. “Nunca quise irme, pero estaba claro que si no lo hacía, también terminaría en prisión”, dijo.

Guatemala celebra elecciones presidenciales el 25 de junio. Un evento que en otras circunstancias podría haber arrojado al menos alguna esperanza de mejora en el clima de miedo que ha llevado a muchos periodistas, abogados y fiscales anticorrupción a huir en los últimos años. Pero en cambio, las amenazas y presiones legales contra las voces independientes solo se han intensificado, dijeron a AQ periodistas y juristas exiliados.

Leer más: Eduardo Maruri confirma su precandidatura a presidencia de Ecuador

Los fallos judiciales han dejado de lado a varios candidatos presidenciales, vistos en algunos sectores como las únicas esperanzas de un cambio significativo en el sistema político cada vez más antidemocrático de Guatemala. Como resultado, el éxodo continúa. En medio de la expectativa de que el sistema de justicia de Guatemala seguirá siendo un arma contra cualquiera que se atreva a abordar la corrupción y otros problemas arraigados.

“Ahora investigar la corrupción es exilio, prisión o muerte”, dijo a AQ Juan Francisco Sandoval. Sandoval dirigió la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) durante seis años, manejando casos que involucraban a muchas de las personas más poderosas del país. Incluidos tres presidentes. Dijo que las amenazas de muerte y arresto lo llevaron a elegir el exilio en agosto de 2021.

Criminalización de la investigación de delitos en Guatemala

El renombrado juez de la alta corte, Miguel Ángel Gálvez, duró hasta hace seis meses. Pasó más de dos décadas presidiendo juicios importantes por presuntos delitos, incluido el genocidio de exjefes de estado. También asesinatos y desapariciones por escuadrones de la muerte y corrupción a gran escala que involucra a presidentes y narcos.

Sin embargo, dijo que nunca fue tan vulnerable como cuando se fue en noviembre. Gálvez dijo a AQ que a pesar de las medidas de protección del gobierno ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todavía lo seguían. “Las medidas ni siquiera garantizaron mi seguridad física, mucho menos mi libertad”, afirmó.

Guatemala celebra elecciones periódicas, pero The Economist Intelligence Unit considera que el país es un “régimen híbrido”. Es decir, ni una democracia plena ni una dictadura.

El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a varios funcionarios, incluida la procuradora general Consuelo Porras. A esta última, por su participación en “corrupción significativa”. El presidente Alejandro Giammattei, que no puede postularse para la reelección, respondió a las críticas internacionales diciendo que su administración está tomando medidas enérgicas contra la corrupción. Adicionalmente aseguró que respeta la independencia judicial.

Sigue leyendo en Americas Quarterly