Las órdenes ejecutivas firmadas por el Presidente Donald Trump en el fin de semana no resuelven el tema del cheque de ayuda por COVID-19 de $1.200, por lo que el punto sigue siendo tema de negociación entre el Congreso y la Casa Blanca.
Por Redacción MiamiDiario
Pese a las órdenes ejecutivas firmadas el sábado por Trump, la Casa Blanca y el Congreso, aunque sin grandes progresos, continuan las negociaciones del nuevo plan de ayuda para solventar la crisis económica causada por la pandemia de coronavirus.
Entre lo aprobado por Trump el sábado está la extensión de las ayudas federales para desempleados hasta final de año (reducidas de 600 a 400 dólares); postergar el pago de impuestos de la nómina a quienes ganan menos de 100,000 dólares al año; suspender el pago de préstamos estudiantiles hasta diciembre; y ayudas para evitar el desalojo de sus viviendas a las familias que no paguen la renta.
Dudas
No obstante aún hay muchas dudas sobre que tan eficaces sean y no cubren asuntos clave como el cheque de 1,200 dólares para familias.
Otra interrogante es el origen de los fondos para los pagos del desempleo, por ley requieren el aporte económica de los estados, “que ya están diciendo que no pueden asumirlo”, el medio cita al gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom: “Ese dinero no existe”.
El nuevo monto es inferior a los 600 dólares que el Congreso aprobó en marzo dentro de la CARES Act y que venció el 31 de julio.
Para el desembolso de 400 dólares por beneficios de desempleo semanales, el Gobierno federal aportaría 300 de forma retroactiva (a quienes ya los estaban recibiendo hasta el 1 de agosto), y los gobiernos estatales tendrían que aportar los 100 restantes.
“La Administración Trump insiste en que los gobiernos estatales pueden recurrir a los 110,000 millones que recibieron en marzo para aportar ese 25% que les corresponde. Pero muchos gobiernos estatales afrontan un profundo déficit presupuestario y algunos, como California, Colorado, y Carolina del Sur, ya designaron esos fondos a diversos programas de alivio”, apunta Telemundo.
El Departamento del Tesoro ha dicho que sólo quedan poco más de 80,000 millones del fondo. No obstante, la Casa Blanca anunció este martes que las nuevas ayudas al desempleo se pondrán en marcha en las próximas dos semanas.
Con relación a la postergación del pago de impuestos de la nómina (payroll tax), estos son los que financian el programa de Medicare y la Seguridad Social para millones de ancianos y jubilados, y ambos partidos se oponen a recortarlos o suspenderlos.
La medida sobre los desalojos es la menos controversial de las cuatro, porque permite al Departamento de Vivienda autorizar ayudas a quienes no pueden pagar su alquiler o hipoteca y sólo sugiere que el Gobierno federal frene los desalojos si lo considera “necesario” para combatir la propagación del COVID-19.
¿Diálogo?
El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, declaró a la cadena CNBC que la intención de la Casa Blanca es continuar negociando un “acuerdo justo” esta semana.
Telemundo que cita una fuente anónima sostiene que, por ahora, las negociaciones están congeladas; y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el senador Chuck Schumer no han hecho intentos de contactar a Trump.
“Con Trump, en vez de tener el arte de hacer tratos, lo que tenemos el arte de lo desconocido”, agregó la fuente citada por el medio, que no no obstante, no descarta que el Congreso postergue su receso de agosto hasta lograr un acuerdo.
Trump culpa a los demócratas por su intransigencia en estas negociaciones, al tiempo en que insitió en que no aprobará “rescates” de gobiernos estatales.
El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, en línea con la posicion de Trump sostiene que a los demócratas no les interesa dar a las familias trabajadoras “otro céntimo, a menos que ellos puedan crear un fondo de un billón de dólares” para estados que han sido mal gobernados.
Trump firmó las medidas en unos momentos en que la pandemia del COVID-19 ha generado casi cinco millones de casos confirmados y ha provocado la muerte de más de 160,000 personas en este país.
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