Colombia en Cápsulas: Narcoterrorista divide a Colombia

Por MiamiDiario CP mayo 23, 2019 16:09

Colombia en Cápsulas: Narcoterrorista divide a Colombia

Una debacle institucional ha sido el resultado de la renuncia del Fiscal General de Colombia, Néstor Humberto Martínez, a su cargo.

Por Beatriz de Majo

Esta dimisión trajo cola. Menos de 24 horas después de la retirada del Fiscal también puso su cargo a la disposición la Ministra de Justicia, Gloria María Borrero, quien tuvo que ser sustituida por el Presidente.

Los hechos anteriores, que además provocaron la convocatoria a una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros por parte del presidente Iván Duque en el Palacio Presidencial, tienen que ver con la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz , la JEP, de ordenar la libertad del narcotraficante y excomandante guerrillero de las FARC, alias Jesús Santrich.

La Indignación alcanzó a buena parte de la población colombiana. Santrich es un delincuente de siete suelas y sus tropelías conforman un historial criminal ampliamente documentado. Pero además alias Santrich fue uno de los beneficiarios de los 10 escaños que la antigua guerrilla pactó con el Ejecutivo, independientemente de los votos que obtuvieran en las elecciones legislativas de marzo de 2018.

El personaje de marras había sido apresado confines de extradición en 2018 por orden del Fiscal quien se basó en la comisión del delito de narcotráfico. Habían, en este caso, pruebas precisas y concluyentes de su participación en actividades ilegales de este género que ocurrieron después de que fuera firmado el acuerdo de Paz al fin del año 2016, es decir, después de recibir el beneficio legal a institucional acordado a los delincuentes de la época narco-guerrillera

Un elemento clave de este lance de la JEP, además de lesionar al Estado de Derecho que debe privar en un país como Colombia, con sus instituciones aún endebles, provoca un daño importante al debilitar la importantísima figura de la extradición. Santrich estaba pedido en extradición por los Estados Unidos.

La Procuraduría nacional se ocupará de apelar este caso ante las instancias judiciales pero el mal está hecho: esta es otra de las caras nefastas del acuerdo de Paz de la Habana que sirvió para parir la aberrante Justicia para la Paz colombiana. Este régimen que establece una normativa ad-hoc para el trato de los crímenes perpetrados antes de la conclusión del proceso negociador de La Habana, está visto que puede ser contaminado por la influencia de los carteles de la droga.

Por ventura, el caso no está cerrado y el país entero estará atento a que se administre justicia.

Algo de positivo se desprende, no obstante, de este episodio. La consecuencia más importante del desaguisado que representa la liberación de un gran capo de la droga es que por fin se pondrá en marcha la reforma integral del sistema judicial que desde hace muchos años necesita la patria neogranadina.

El primero de los afectados por este capítulo es el propio Presidente Iván Duque a quien no le ha quedado otra que quitarle el ojo a los otros graves problemas que enfrenta su país – entre ellos el de las migraciones venezolanas- para acelerar esta reforma que según sus propias palabras va “desde los temas procedimentales y tecnológicos, hasta los temas normativos relacionados con que la justicia sea exitosa y pueda generar un amplio consenso en todo el país”.

Para ello, ya inició los contactos necesarios con los otros partidos de la escena política para cerrar la puerta al narcotráfico y a la impunidad dentro del apego a la constitución y a la ley.

Pero una vez más la justicia transicional divide a los colombianos –santistas y uribistas tiene posiciones encontradas- y se revela como una aberración de la que debemos aprender todos los países.

Sobre todo es una lección para quienes nos tocará, más temprano que tarde, establecer un régimen especial que haga justicia de cara a los atropellos criminales de las dictaduras, los narcotraficantes y los terroristas.

De esa cabuya, nosotros los venezolanos tenemos un rollo.

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