Juan Carlos Sánchez: El caso Ábalos-Rodríguez: asunto de Estado

La decisión del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, de reunirse en la madrugada del pasado lunes en el aeropuerto de Madrid-Barajas con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofreciendo a España como valedora de la dictadura de Nicolas Maduro, no solo constituye un peligroso error sino una ofensa de extrema gravedad con la Unión Europea y el pueblo venezolano.

Por Juan Carlos Sánchez

Involucrada en graves violaciones y abusos de los derechos humanos, Rodríguez es uno de los 25 altos cargos de la cúpula del régimen chavista, incluida en la ‘lista negra’ de la UE, que tiene prohibida su entrada en el espacio Schengen por ser responsables de violaciones de los derechos humanos y de socavar la democracia y el Estado de derecho en Venezuela.

A pesar de las diferentes versiones que ha ofrecido el propio el ministro socialista que no terminan de aclarar los pormenores del polémico encuentro, cuesta trabajo creer y, sobre todo, no parece muy sensato aceptar -y menos mediante una reunión secreta con interlocutores de desacreditada reputación- una posición tan desatinada en política exterior, sin una previa consulta y autorización en el marco político español y europeo.

El gobierno de Pedro Sánchez parece haber olvidado que España es miembro de pleno derecho de la UE y no un fronterizo país que se puede permitir observar con maneras diplomáticas ambiguas las complicaciones perjudiciales que puede ocasionarle un régimen dictatorial como el de Maduro -aunque se trate de un aliado preferente de su vicepresidente, Pablo Iglesias.

Por tanto, la UE dispone de instituciones, personas y ordenamientos específicamente encargados de elaborar y coordinar una política exterior y de seguridad común que ahora se prueba más necesaria que nunca y que Sánchez y sus ministros deberían contribuir a robustecer y no a debilitar.

“Este tipo de acciones, reunirse con alguien que está sancionado, socava la política conjunta que Estados Unidos y la Unión Europea han puesto en marcha sobre Venezuela”, dijo la subsecretaria adjunta para Cuba y Venezuela, Carrie Filipetti, en una teleconferencia tras producirse el controversial encuentro.

De igual modo, Latinoamérica es una región de enorme peso estratégico tanto en términos políticos como económicos para España, al punto de ser considerado el primer o segundo inversor extranjero en el área, una posición privilegiada que puede verse seriamente afectada por esta insensatez diplomática, especialmente en aquello países que defienden la coherencia democrática y la defensa de los derechos humanos.

La demostrada connivencia entre Ábalos y Rodríguez como parece desprenderse de las investigaciones en curso no es ya una cuestión que implique solo al ministro de Transporte, afecta directamente al Gobierno y al partido que lo sostiene, Unidas Podemos.

Porque, aunque es cierto que corresponde a Pedro Sánchez aclarar por qué su gobierno no procedió a la detención o a la expulsión de la ‘número dos’ del régimen de Maduro, como dictan las normas europeas, Pablo Iglesias es ahora vicepresidente de un ejecutivo que se negó a recibir en Madrid a Juan Guaidó -presidente encargado de Venezuela, reconocido por el propio Sánchez en 2019-, mientras que temerariamente, con alevosía y nocturnidad, el ministro Ábalos recibía en secreto en el aeropuerto de Barajas a Delcy Rodríguez.

Las certezas sobre las violaciones de las normas comunitarias se convierten, a falta de explicaciones concluyentes del gobierno, en graves sospechas en el caso de Pedro Sánchez, quien, además de respaldar a Ábalos, ha señalado sin dar más explicaciones que la reunión se produjo «para evitar una crisis diplomática».

La ocultación y el incumplimiento de Sánchez con Europa perjudica a la democracia, a la imagen internacional de España, a la confianza de la ciudadanía en la política y al buen nombre de miles de honrados militantes socialistas, engañados por él tras perpetrar la coalición con la izquierda radical de Podemos.

¿Podría ser que algunos escogidos miembros del gobierno español, capitaneados por Sánchez e Iglesias, supieran previamente de la escala de Delcy en Barajas y en lugar de impedirla o denunciarla prefirieron guardar silencio, como se hace con un colaborador incómodo?

Esa aclaración, como tantas otras que se han usurpado a la ciudadanía, sería imprescindible ofrecerla cuanto antes, sobre todo cuando se sabe que los turbios vínculos de Podemos con las dictaduras latinoamericanas han provocado ya las primeras colisiones internas en el ejecutivo español que amenazan la credibilidad y estabilidad del país.