Club de striptease interpone millonaria demanda contra Hialeah por difamación

El abuso de poder es un problema presente en las instituciones del Estado. A menudo suele tratarse de casos aislados cuando una persona se aprovecha de sus funciones para lograr sus cometidos de manera ilícita. Pero qué pasa, cuando la persona que comete estas infracciones es una figura de autoridad, como ocurrió en Hialeah, según una demanda federal interpuesta esta semana.

Todo ocurrió una noche del año 2019 en el club de striptease Bellas en Hialeah. El lugar se encontraba ocupado, como cualquier otro día, cuando ingresaron policías del Departamento de Hialeah acompañados de un reportero del medio de comunicación América TeVe.

Los oficiales ingresaron con un escuadrón de grandes equipos tácticos, los cuales son utilizados únicamente en operaciones de alto riesgo. En ese momento, los agentes aseguraron que se encontraban investigando al club por supuesta trata de personas. Sin embargo, ni siquiera contaban con una orden judicial.

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James Tundidor Jr., que dirigía el club reconoció a uno de los oficiales presentes en la redada. Aprovechando que era un amigo de la infancia, le preguntó la razón por la que el lugar estaba recibiendo dicho ataque, sin aparente razón. La respuesta del uniformado lo dejó desconcertado. Las ordenes venían diferentemente desde la oficina del alcalde de Hialeah en ese entonces, Carlos Hernández.

Además, los testigos aseguraron que el club y sus asistentes fueron saqueados por parte de los oficiales.

¿Quién era Carlos Hernández y por qué se ensañó contra su dueño?

Este funcionario público ocupó el puesto de alcalde desde 2011 hasta 2021. Además, previo a eso fungió como policía durante 20 años. Los problemas con la familia del dueño del club, comenzaron cuando uno de sus miembros presentó una oferta para el consejo de la ciudad de Hialeah en contra de los deseos del alcalde, añade la denuncia de acuerdo al medio Miami New Times.

En 2017, el hombre identificado como Jesús Turdidor, le pidió a Hernández su apoyo para postularse al Consejo. No obstante, el entonces alcalde le dijo que no, que lo mejor era que se postulara para el año 2019. Aunque no estuvo del todo de acuerdo, el aspirante decidió acatar las órdenes.

Cuando llegó el año 2019, nuevamente conversó con el alcalde, pero éste le dijo que mejor se postulara para el 2021. Es en ese momento cuando Tuedidor, decide realizar una candidatura independiente.

Al alcalde no le gustaron sus aspiraciones políticas, y decidió intentar amedrentar a la familia obstaculizando y arremetiendo en contra de sus negocios, expone la demanda.

Para la controversial redada, el alcalde preparó todo un show mediático de desprestigio. Los periodistas de América TeVe grabaron cada detalle de la preparación de la redada, como si de una serie de policías se tratase.

Campaña de desprestigio

El comandante de la policía de Hialeah, Fernando Villa, iba a estar al frente del operativo. El agente aseguró que todo se trataba de desmantelar una supuesta red de “tráfico humano”. El saldo del operativo fue negativo, no había ningún menor de edad ni otra víctima en el lugar. Solo encontraron a un cliente armado con una pistola.

Sin embargo, la ciudad de Hialeah emitió 14 violaciones del código de incendios al club de striptease Bellas Cabaret. Las mismas incluían detectores de humo defectuosos, interruptores eléctricos defectuosos y la falta de un contenedor de basura. El departamento de construcción también emitió citaciones al club por trabajo realizado en la propiedad sin permiso. Después de la redada, Bellas Cabaret fue cerrado por más de cuatro meses.

La demanda añade que durante el 2019, Hernández orquestó llamadas automáticas y correos que acusaban sin fundamento a los Tundidor de beneficiarse del tráfico de personas. “Atención Hialeah, ¿vieron todos en las noticias cómo el dinero de las drogas y el tráfico de personas financia la campaña de Jesús Tundidor?”, decía una de las comunicaciones automáticas.

Jesús Tundidor ganó las elecciones de noviembre de 2019 a pesar de las acusaciones. Sin embargo, la familia afirma que la redada, las citaciones y la campaña de difamación dañaron su reputación y su negocio.

La demanda responsabiliza de todos estos daños a la ciudad de Hialeah, el departamento de policía de Hialeah y al equipo político vinculado a Hernández. Como resultado, buscan una indemnización de $5 millones en daños por violaciones de la Primera y Cuarta Enmienda. También solicitaron una orden judicial que impida a la ciudad de Hialeah atacar el club en el futuro.