¿Por qué la fiscalía pide pena de prisión contra la vicepresidenta argentina Kirchner?

La tarde de este lunes 22 de agosto, la fiscalía argentina culminó la novena audiencia y con ella la etapa de alegatos por el juicio que involucra 51 contratos de obras públicas de vialidad para un allegado de la pareja presidencial formada por Cristina Fernández y Nestor Kirchner, ya fallecido.

Las audiencias se realizaron vía telemática y fueron de acceso público.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola concluyeron los alegatos contra trece imputados

Lae dispuso este lunes a solicitar de manera inmediata una pena de prisión contra la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner por presunta corrupción cuando fue mandataria desde 2007 hasta 2015.

Según los seguidores de Cristina Fernández, esta solicitud responde a una persecución para inhabilitarla políticamente, informó Francia 24

Kirchner, que tiene inmunidad política por sus cargos como vicepresidenta y presidenta del Senado, es juzgada desde 2019 junto con otras doce personas en una causa en la que se le acusa de haber orientado la atribución de licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz (sur), su cuna política, para favorecer al empresario Lázaro Báez.

El fiscal Sergio Mola dio inicio el lunes la novena y última audiencia de alegatos de acusación con un pequeño resumen de la causa en la que declararon más de un centenar de testigos

En dicha sesión, consideraron que los acusados planificaron una estrategia para defraudar al Estado mediante una “discrecionalidad en la utilización de los fondos”.

“Hubo irregularidades sistemáticas en 51 licitaciones a lo largo de doce años. El cuadro probatorio demuestra de manera contundente las maniobras ilícitas. No es creíble que Cristina Fernández de Kirchner no se enterara de nada en la soledad de su despacho”, manifestó el fiscal en su alegato final.

El derecho de palabra

Kirchner permitió a una abogada de 69 años trabajar con ella, quien pidió una amplia declaración indagatoria para el día martes. Para ello, se ampara en la “abierta violación del principio de defensa en juicio. La acusación de los fiscales contempla cuestiones que nunca fueron planteadas”, según comentó en la red social Twitter.

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Gregorio Dalbón, uno de sus abogados, aseveró que esta solicitud de la exmandataria busca de prevalecer su “derecho a una defensa legítima en juicio”, pese a que la etapa indagatoria ya culminó.

“Los fiscales Diego Luciani y Mola están saliéndose del estado de derecho y construyendo un relato mediático para que la sociedad  crea que Cristina Fernández de Kirchner era la jefa de una asociación ilícita para direccionar la obra pública”, declaró el abogado.

Uno de los delitos por los que se acusa a Kirchner es liderar una asociación ilícita y defraudar al Estado. Este delito implican una pena de hasta 16 años de cárcel y la inhabilitación política.

 

Pero para que la sentencia pueda ser ejecutada tiene que quedar completamente ratificada por la Corte Suprema de Justicia.

Por ello, aún si es condenada, Kirchner estaría en libertad y tendría la posibilidad de ser candidata en las elecciones presidenciales y legislativas del siguiente año.

Tras cerrar la acusación de la fiscalía, la defensa tiene 10 días hábiles para comenzar la exposición de su descargo para los 13 acusados, lo que puede demorar algunos meses. Se comenta que el veredicto se conocerá al final de año.

Persecución

En medio de la polarización política y ante el proceso electoral del próximo año, diversas agrupaciones del peronismo de centro-izquierda, cercanas a la vicepresidenta, denuncian una persecución.

Una carta pública fue firmada por más de medio millar de alcaldes respaldando a Kirchner, a quien consideran  “víctima de una persecución judicial”.

“No podemos permitir que Cristina sea condenada ni que vaya presa. Hay que hacer una pueblada, es lo único que le va a salvar. Hay que defenderla con todo”, aseveró Hebe de Bofanini, líder de la organización de defensa de los derechos humanos Madres de Plaza de Mayo.

La vicepresidenta ha sido sobreseída en varias causas por presuntos delitos ocurridos en sus dos períodos presidenciales, pero aún enfrenta cinco procesos.