En una acción sin precedentes, el gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó el lunes 18 de diciembre una ley que autoriza a las autoridades estatales a detener a inmigrantes que ingresen al estado desde México, sin la debida autorización legal.
“El objetivo del Proyecto de Ley Senatorial 4 es detener la ola de entradas ilegales a Texas”, sostuvo Abbott durante la firma justo en la frontera de Brownsville.
Esta medida representa un desafío directo a las políticas fronterizas del presidente Joe Biden. Algunos analistas aseguran que de esta manera se establecen las bases para un posible enfrentamiento con el gobierno federal.
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La legislación, que entrará en vigor en marzo, ha generado fuertes críticas de grupos defensores de los derechos de los inmigrantes y organizaciones hispanas. Argumentan que la ordenanza viola la Constitución de los Estados Unidos y podría fomentar aun más la discriminación racial.
De hecho, de acuerdo con The New York Times, algunos sheriffs fronterizos expresaron su preocupación, temiendo que la medida sobrecargue rápidamente las cárceles y tribunales locales.
¿Qué contempla la ley anti-inmigrantes de Texas?
La nueva ley convierte en un delito menor cruzar a Texas desde México por cualquier lugar que no sea a través de los puertos de entrada legales. Durante el proceso judicial, se puede ordenar a los migrantes que regresen a México o enfrenten un proceso legal en caso de no aceptar. Una segunda infracción sería considerada como delito grave.
El gobernador Abbott ha intensificado continuamente la vigilancia fronteriza estatal a través de la Operación Estrella Solitaria, desplegando miles de tropas de la Guardia Nacional y policías estatales. Esta ley se suma a las acciones anteriores, como la instalación de alambre de púas a lo largo del Río Grande y el traslado de migrantes a ciudades gobernadas por demócratas.
La medida ha generado críticas por parte de opositores que prometen presentar una demanda para impedir que entre en vigor. David Donatti, abogado senior de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Texas, declaró: “Nuestra opinión es que Texas no tiene autoridad para vigilar y procesar delitos de inmigración. Iremos a un tribunal federal para que nunca puedan hacerlo”.
Además, el gobernador Abbott firmó una ley que asigna $1.5 mil millones adicionales para la construcción de una barrera fronteriza estatal. Sin embargo, los críticos señalan que la legislación no proporciona fondos para respaldar arrestos o procesamientos adicionales de migrantes. De allí que se plantean interrogantes sobre los costos asociados y la capacidad de aplicación efectiva de la nueva ley.
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