Tres contratistas de defensa estadounidenses retenidos durante cinco años por rebeldes izquierdistas en Colombia se aprestan a cobrar una indemnización de 318 millones de dólares contra sus antiguos captores, luego que un juez de la Corte Suprema de EE.UU. rechazara una apelación de última hora de Samark López, empresario venezolano sancionado cuyos bienes pretenden reclamar.
El Político
El juez Clarence Thomas se negó a escuchar una apelación de emergencia de Samark López, dejando en pie una orden de un tribunal federal de apelaciones que entrega 53 millones de dólares de las cuentas bancarias estadounidenses del empresario, informa un cable de AP.
La decisión salió a la luz el jueves en un informe de Russ Dallen, el jefe de Mercados de Capital de Caracas, que sigue de cerca los litigios que involucran a Venezuela. Los abogados de López mantienen sus esperanzas en una apelación de emergencia presentada el martes a la Jueza Sonia Sotomayor.
Los demandantes
Keith Stansell, Marc Gonsalves y Thomas Howes fueron capturados por guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC, cuando su avión fue derribado durante un vuelo de control de drogas en 2003. Su piloto, Tom Janis, fue asesinado por los rebeldes después de que el avión se estrellara.
Los tres eran empleados de Northrop Grumman. Fueron liberados hace 12 años junto con la ex candidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt en un osado rescate por el ejército colombiano.
En 2012, un juez federal de Florida concedió a los hombres 318 millones de dólares que se pagarán con cargo a cuentas bancarias incautadas a narcotraficantes vinculados a las FARC, considerado como un grupo terrorista.
Pero en su mayoría no habían podido cobrar hasta que el presidente Donald J. Trump firmó discretamente en 2018 la Ley de Compensación Antiterrorista, que permitía a las víctimas de los grupos terroristas embargar los bienes incautados por el gobierno de EE.UU. en virtud de la ley de narcotráfico.
La nueva ley permitió a los hombres ir tras los activos bloqueados de López en los EE.UU., que incluyen una cuenta de Citibank de 269 millones de dólares, dos yates, un avión y bienes raíces de lujo en Miami.
¿Testaferro de El Aissami?
López es un poderoso hombre de negocios en Venezuela que hizo su fortuna en las últimas dos décadas gracias a los contratos con el gobierno socialista. Fue sancionado por los Estados Unidos en 2017 como “capo del narcotráfico” junto con el entonces vicepresidente de Venezuela y ahora ministro de petróleo, Tareck El Aissami, por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico internacional.
Según sus defensores entre quienes se encuentra Dick Gregorie, un ex fiscal de Miami con un largo historial de poner a los narcos tras las rejas, los vínculos de López con las FARC en el mejor de los casos son tenues.
El año pasado durante el juicio, los expertos de los demandantes, incluyendo un ex agente de la Administración de Control de Drogas, afirmaron que López sólo tenía vínculos indirectos con la guerrilla a través de su amistad con El Aissami, de quien los funcionarios estadounidenses han creído que, por mucho tiempo, ayudó a las FARC a trasladar la cocaína a través de Venezuela.
Las FARC no fueron mencionadas cuando López y El Aissami fueron sancionados en 2017 y contra los dos hombres los únicos cargos criminales conocidos son por fletar vuelos privados en los Estados Unidos en violación de las sanciones, no por tráfico de drogas.
Dallen dijo que si los tres hombres tienen éxito en su búsqueda en la corte, podría permitir a las víctimas de las FARC tomar la delantera a los acreedores de Venezuela y a los oponentes del presidente Nicolás Maduro que buscan recuperar los bienes robados a su país a través de la corrupción.
Fuente: AP
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