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La administración de Trump se hace la vista gorda en la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala

El reciente impacto de los solicitantes de asilo centroamericanos que se desbordan sobre la frontera sur de los Estados Unidos, ningún país ha sido la fuente de más grande de emigrantes que Guatemala, donde la pobreza y el mal gobierno se ven agravados por una corrupción omnipresente. Esto sugiere que la administración Trump, en su […]

Por Allan Brito
La administración de Trump se hace la vista gorda en la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala
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El reciente impacto de los solicitantes de asilo centroamericanos que se desbordan sobre la frontera sur de los Estados Unidos, ningún país ha sido la fuente de más grande de emigrantes que Guatemala, donde la pobreza y el mal gobierno se ven agravados por una corrupción omnipresente. Esto sugiere que la administración Trump, en su cruzada para disuadir la migración, intensificará los esfuerzos para luchar contra el soborno y la impunidad en ese país. De hecho, está haciendo lo contrario.

Por Redacción Miami Diario

De acuerdo al Washington Post, durante una década antes de que el presidente Trump asumiera el cargo, Estados Unidos proporcionó un apoyo diplomático y financiero fundamental a una comisión anticorrupción extraordinariamente eficaz que procesó a cientos de legisladores, funcionarios y otras personas involucradas en docenas de esquemas y redes criminales. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, supervisada por las Naciones Unidas, tenía un aliado estratégico clave en Thelma Aldana, una cruzada anticorrupción que, como fiscal general de la nación de 2014 a 2018, lanzó un devastador ataque frontal contra las élites arraigadas que se habían enriquecido durante décadas sin consecuencias; envió a unos 250 a la cárcel. Entre los acusados se encontraba un ex presidente, Otto Pérez Molina, quien renunció en desgracia, y el actual presidente, Jimmy Morales, quien ha negado haber cometido actos ilícitos.

La campaña para limpiar Guatemala le valió a la comisión y a la Sra. Aldana poderosos enemigos que temían no sólo el tiempo en la cárcel, sino también el fin de un negocio de larga data como de costumbre: sobornos y tratos preferenciales para los bien conectados. Esos enemigos fueron mantenidos a raya con la ayuda de jueces  y la cobertura diplomática. Entonces el Sr. Trump asumió el cargo.

A pesar de las objeciones de los diplomáticos, los nombramientos políticos de la administración Trump se pusieron del lado de figuras corporativas y políticas guatemaltecas que argumentaban, de manera absurda, que la comisión anticorrupción era una afrenta a la soberanía de la nación. (De hecho, muchos de sus investigadores son guatemaltecos y goza de un amplio apoyo popular.) Cuando el Sr. Morales anunció el verano pasado que la comisión sería abolida en un año, Washington apenas se opuso.

Esto preparó el terreno para un contraataque contra la Sra. Aldana, quien fue descalificada como candidata en las elecciones presidenciales de Guatemala esta primavera, cuando se presentaron contra ella una serie de cargos -algunos débiles y otros espurios-. No es casualidad que ella fuera la única candidata principal que había dado su apoyo incondicional a la comisión anticorrupción.

Ahora, la comisión parece condenada, y con ella las esperanzas del país de hacer retroceder el injerto desenfrenado. La Sra. Aldana, que enfrenta amenazas de muerte en su hogar, ha huido a los Estados Unidos, donde solicitó asilo este mes. Y el Sr. Morales, animado, está negociando un pacto de “tercer país seguro” que obligaría a los migrantes salvadoreños y hondureños, que transitan por Guatemala en su camino hacia el norte, a buscar asilo allí en vez de  Estados Unidos – una medida que los pondría en riesgo dado el pobre historial de derechos humanos de Guatemala.

En Guatemala abundan los rumores de que la Sra. Aldana podría ser arrestada por agentes de inmigración estadounidenses y deportada a su país de origen. Eso sería un grave error. Hace tres años, cuando fue honrada con el premio anual International Women of Courage del Departamento de Estado, el entonces Secretario de Estado John F. Kerry la alabó como “valiente” en el procesamiento de la corrupción y la promoción de reformas. Ella, al igual que los esfuerzos para establecer el estado de derecho en Guatemala, necesita y merece la protección y el apoyo de Estados Unidos.

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