Juan Carlos Sánchez: 50 estados, una sola nación

El pasado martes un grupo de gobernadores de los estados de Nueva York, Connecticut, Delaware, Massachusetts, Nueva Jersey y Rhode Island, sin consultar previamente al gobierno federal, anunciaron la creación de un grupo de trabajo para preparar una estrategia que les permita retomar la actividad económica y salir “gradualmente” de la pandemia.

Por Juan Carlos Sánchez

Molesto por el hecho de que las iniciativas de los gobernadores podrían terminar en una desobediencia en medio de una situación extraordinaria, Trump advirtió que en el marco de los poderes especiales que le otorga la declaración del estado de emergencia nacional, recae sobre él la “autoridad total” para decidir la reactivación de la actividad económica, mientras que la Constitución reserva a los jefes de los estados el orden público y la seguridad.

Para echar más leña al fuego, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo -a quien no hemos visto aún disculparse o admitir de manera sincera los errores cometidos en el manejo de la crisis a pesar de la magnitud de la tragedia en su jurisdicción-, compareció ante los medios de prensa para decir que se negaría rotundamente si fuese el presidente del gobierno quien le exigiera reabrir la economía antes de que él considerase de que Nueva York estuviese listo.

Como era de esperar, la declaración de Cuomo fue la esperada de un político populista cuando le toca rendir cuentas de sus actos ante la opinión publica. Acostumbrado a aprovechar cualquier ocasión para deslegitimar el gobierno y subirse al carro del descontento popular, Cuomo sostiene que las declaraciones de Trump podrían provocar un “problema constitucional entre el estado y el gobierno federal”.

El gobernador ha caído en la actitud más perniciosa que puede elegir un político: debilitar el sistema constitucional y democrático para reforzarse él. Este es el error que está cometiendo Cuomo. Su estrategia de descalificar continuamente la gestión de Trump para convertirse en el gran cabecilla de los demócratas frente a la pandemia es un enorme desatino.

Con el victimismo que le caracteriza, el líder demócrata ha continuado convirtiendo sus declaraciones en un mitin con el que trata de hacerse pasar por víctima de un gobierno opresor. “La posición del presidente es simplemente absurda”, indicó Cuomo el mismo martes en el programa “This Morning” de la cadena CBS. “No es la ley. No es la Constitución. No tenemos un rey. Tenemos un presidente”, aseveró.

Cuomo ignora -o prefiere ignorar- que en democracia los intereses generales deben ser compatibles con los intereses particulares. Y que ese es uno de los deberes éticos más necesarios en los políticos.

La necesidad imperiosa de cerrar filas en este momento de extraordinarias adversidades, que, probablemente, solo cambiarán de guarismo, no de desasosiego, una vez que finalice la cuarentena, no puede ser interpretada por los gobernadores -sean del color político que sean- como carta blanca para decidir y actuar en absoluto desgobierno.

Con sus palabras fuera de contexto, Cuomo no reconoce los artículos de la Constitución ni está dispuesto a entender que, al presidente norteamericano, en su papel constitucional como árbitro, orientador y regulador de la política norteamericana, le asiste, por ley federal, poderes especiales otorgados temporalmente en la declaración del estado de emergencia nacional que vive el país.

Trump dijo en medio del rifirrafe entre opiniones encontradas de expertos estatales y federales, que “autorizaría a cada gobernador de cada estado implementar un plan de reapertura, en el momento y de la manera que sea la más apropiada”, siempre y cuando lo hicieran de manera coordinada y respetuosa con las pautas trazadas por la presidencia.

La distinción entre ejercer el poder y asumir el liderazgo cobra un nuevo significado y debería ser entendida hoy más que nunca, en circunstancias como las que vive la sociedad norteamericana. No vale solo exigirle obligaciones al gobierno federal y convertirlo en el único blanco de las críticas, cuando se sabe que no es lo mismo, siguiendo las normas establecidas, dirigir desde el ámbito local a una sociedad sobre lo que debe hacer para poner a salvo a sus gentes, con todas las complejidades que ello exige. Y otra bien distinta, ser capaz de convocar y concertar desde la Casa Blanca todos y cada uno de los esfuerzos en la consecución de un objetivo.

La legalidad constitucional y democrática está por encima de la política, las creencias y las pasiones nacionales. Promover o apoyar una desobediencia contra un gobierno democrático que opera y administra una estrategia sanitaria bajo el rigor de un estado de emergencia, constituye una ofensa a la libertad de los ciudadanos, a la convivencia entre ellos y a sus derechos más inalienables.

El presidente del Gobierno debe convocar de urgencia a todos los gobernadores para informarles de las medidas y los planes que adoptará para reabrir gradualmente y con eficacia la economía estadounidense, y pedir su apoyo y recibir sugerencias oportunas.

Superar esta crisis sanitaria exige delimitar un escenario público de confianza entre el gobierno y los diferentes estados para coordinar cada una de las directrices, en las que toca al Gobierno federal orientar e impulsar las pautas generales y a los gobernadores asumir y poner en marcha de manera coordinada las decisiones concretas en cada estado.

En cualquier caso, los acuerdos no deben ser condicionados y mucho menos, unilaterales. Para ello, urge también recuperar la función del Congreso y del Senado y facilitar que el Estado de derechos y el sistema constitucional se pongan al servicio de la sociedad civil. Hay que responder con urgencia para recuperar la confianza.

(*) Analista y consultor