En un importante fallo emitido el viernes, la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó una demanda presentada por dos estados republicanos, Texas y Louisiana. La misma bloqueaba las nuevas directrices migratorias impulsadas por el Gobierno del presidente Joe Biden.
Esta decisión allana el camino para que la administración pueda reactivar una normativa que establece prioridades en la persecución y deportación de inmigrantes indocumentados que residen en el país.
La regla implementada por el presidente Biden insta a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a dar prioridad al arresto y expulsión de aquellos inmigrantes que representan un peligro para la seguridad nacional o pública. Aquí entran los terroristas y criminales con antecedentes penales.
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También incluye a aquellos que han cometido delitos, así como a los que recientemente cruzaron la frontera y aún no tienen lazos establecidos en su comunidad.
Una guía publicada en abril de 2022 para los abogados de la Oficina del Asesor Legal Principal (OPLA) de ICE sobre la regla aclara que las leyes estadounidenses no avalan dar “refugio” a quienes han cometido actos que violan los derechos humanos en otros países.
La normativa establece que el simple hecho de ser indocumentado no es motivo suficiente para perseguir a una persona. Esto rompe con la agresiva política migratoria implementada por el expresidente Donald Trump, en la que cualquier inmigrante sin papeles podía convertirse en un objetivo prioritario para el ICE.
11 millones de inmigrantes indocumentados viven en EE.UU.
Ante esta realidad, el Departamento de Seguridad Nacional reconoce que no cuentan con los recursos suficientes para aprehender y deportar a todos. La norma otorga amplia discrecionalidad a los agentes de ICE para decidir a quiénes perseguir y detener en función de ciertas prioridades establecidas.
La nueva guía también toma en consideración el arraigo y la contribución de los inmigrantes a sus comunidades. Se reconoce que la mayoría de los indocumentados llevan años contribuyendo al país, destacando su labor en la lucha contra el COVID-19. También su participación en la vida religiosa, su trabajo como maestros y agricultores, entre otros roles importantes.
Ahora que la Corte Suprema falló a favor de la normativa, estos aspectos también deben ser considerados por los agentes de ICE al momento de tomar decisiones sobre arresto y deportación.
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Republicanos Vs. Biden
El caso presentado ante la Corte Suprema por Texas y Louisiana cuestionaba la legitimidad de las nuevas reglas migratorias. Sin embargo, el tribunal dictaminó que los estados no tenían el derecho de impugnar la norma. De esta manera, se permite que el presidente Biden pueda reactivarla.
Aunque el jefe de Estado aún no se ha pronunciado al respecto, esta decisión de la Corte Suprema le da luz verde para implementar las directrices. El presidente busca marcar un cambio significativo en la política migratoria del país.
No obstante, las complejidades del sistema migratorio y las diferentes agencias y oficinas que aplican la ley de inmigración generan cierta variabilidad. Especialmente en la forma en que los agentes actúan en la práctica.
Esto puede dar lugar a situaciones confusas y a la proliferación de estafas dirigidas a los inmigrantes en temas relacionados con la residencia, la ciudadanía y los pedidos de asilo.
La administración Biden ha expresado su compromiso de abordar la reforma migratoria integral y trabajar en soluciones a largo plazo para el sistema migratorio de Estados Unidos. Es posible que se produzcan cambios adicionales en las políticas migratorias en el futuro. La administración continúa trabajando en la materia y busca abordar los desafíos y problemas asociados con la inmigración en el país.
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