La ruta del oro: Cómo el régimen saquea a Venezuela

Una investigación realizada por la unidad de investigación de Runrunes en cooperación con Conectas desglosa el entramado tejido por los jerarcas del régimen venezolano para enriquecerse con la explotación y tráfico ilegal del oro venezolano dejando una estela de destrucción y muertes a su paso.

Por Redacción MiamiDiario

“Con sofisticados esquemas el gobierno de Nicolás Maduro participa en la fuga del oro. El hallazgo de un cargamento de lingotes en Aruba expuso una ruta para sacar el oro de Venezuela vía las islas del Caribe neerlandés hacia Europa y Dubai”, así abre el dossier publicado por Runrunes .

Un enorme andamiaje que ha propiciado masacres y complejas operaciones de lavado de activos que engordan el bolsillo de unos pocos y que produce daños ambientales a un territorio que es Patrimonio de la Humanidad.

El Banco Central de Venezuela, que por ley autoriza su comercialización, quedó en medio de un entramado de corrupción que evidencia el fracaso de la política chavista de nacionalizar este material estratégico y controlar el tráfico ilegal.

Estados Unidos anunció sanciones para bloquear operaciones vinculadas a la cadena de extracción y comercialización del oro venezolano en las que participan militares, compañías públicas y privadas, bandas delictivas locales y guerrilla colombiana.

“El régimen de Nicolás Maduro ha utilizado este sector como bastión para financiar actividades ilícitas y apoyar grupos criminales”. Las palabras son de John Bolton, el asesor de seguridad del presidente de Estados Unidos Donald Trump, quien se refería así al uso que el jefe del gobierno venezolano le ha dado al negocio de extracción de oro en este territorio. A partir de esa declaración del 1ero de noviembre de 2018, el país norteamericano prohibía a sus habitantes y empresas cualquier transacción relacionada con el metal precioso proveniente de Venezuela so pena de sanción.

Nueve meses antes de aquella sentencia presidencial, un destello ocurrió sobre el oscuro manejo de la minería aurífera en Venezuela bajo la administración de Maduro: en febrero de 2018 decomisaron 46 barras de oro con un peso de 50 kilos en el aeropuerto Reina Beatrix de Aruba, justo cuando eran embarcadas por un escolta aduanero venezolano en un vuelo de KLM rumbo a Amsterdam, en el Reino de los Países Bajos.

Aquel cargamento, valorado en 2,1 millones de dólares, venía de Maracaibo, al oeste de Venezuela, y su destino final era Dubai, en los Emiratos Árabes. Contradictoriamente, la mercancía llegó vía aérea a la pequeña nación en medio de un bloqueo ordenado por el gobierno venezolano contra las islas ABC (Aruba, Bonaire y Curazao), para acabar con el contrabando de oro, cobre y alimentos.

Un nombre salió a relucir en el centro de todas las irregularidades. El vendedor de las barras doradas enviadas a Aruba tiene nombre y apellido: Oro Azul S.A, una de las empresas mixtas creadas por el gobierno de Maduro para la explotación de los recursos del Arco Minero del Orinoco. (Lea más en Pista 1)

El hecho no solo evidencia que existe una ruta de fuga de oro venezolano vía las islas del Caribe neerlandés sino que también confirma la participación del gobierno venezolano en el tráfico ilegal del oro al utilizar la figura de una empresa estatal para formalizar su comercialización internacional. A dos años del lanzamiento del Arco Minero, se estima que 30 por ciento de lo que se reporta al BCV como producción artesanal nacional, se desvía hacia las mafias contrabandistas existentes, según Transparencia Venezuela.

Runrunes recorrió la ruta de fuga del oro venezolano vía las islas ABC que sirven de escala antes de llegar a manos de sus compradores internacionales. Estuvo presente en los poblados donde se procesa el oro extraído del Arco Minero para ser convertido en barras y visitó los centros urbanos del norte del estado Bolívar donde “se recogen” las barras en comercios informales del metal. Viajó en avión hasta Aruba y Curazao donde la mercancía proveniente de Venezuela es registrada en calidad de tránsito y se despacha en vuelos comerciales hasta las refinerías de Suiza y Dubai.

La investigación también arrojó nuevos datos sobre Oro Azul, cuya junta directiva está estrechamente vinculada a Jorge Arreaza, ex yerno de Hugo Chávez y actual canciller de la República, quien designó a sus integrantes durante el breve período que ocupó la cartera de Desarrollo Minero Ecológico. (Lea más en Pista 2)

Mientras el gobierno pontificaba sobre el estatismo del oro, creó una red de explotación, comercialización y negociación donde el Estado no era el beneficiario sino un grupo reducido en el poder que legitimó todas las operaciones para justificar alguna entrada en el BCV de un país en bancarrota.

Así como Oro Azul, hay al menos seis empresas que trabajan en la explotación de oro con el visto bueno del gobierno y cuyos propietarios tienen compañías extranjeras enfocadas en la comercialización del oro, a pesar de que por ley el metal precioso que extraiga debe ir directo a las arcas del Banco Central de Venezuela. (Lea más en Pista 3)

El decomiso de los 50 kilos de oro venezolano en Aruba así como el descontrol en la explotación minera al sur del Estado Bolívar y los vacíos legales sobre su comercialización demuestran el fracaso de la nacionalización del oro decretada en 2011 que buscaba acabar con el contrabando y ordenar la actividad aurífera para el beneficio de todos los venezolanos, tal como lo anunció su promotor, Hugo Chávez, cuando era presidente.

A la par del cierre de las fronteras con las islas ABC y tras la detención del venezolano que portaba los 50 kilos de oro en el aeropuerto de Aruba, siguieron una cadena de eventos que muestra la compleja estructura que opera para la extracción y comercialización del oro.

Entre estos sucesos se cuenta la detención en Curazao del venezolano Archak Bedrossian Liberatoscioli, un trader del oro con más de dos décadas de trayectoria, y la activación sorpresiva de la operación “Manos de Metal” en Venezuela, destinada a “atacar las mafias de contrabando de extracción de metales”. Lejos de demostrar el interés del gobierno de Maduro por frenar la fuga de oro, estas acciones estaban destinadas, según los expertos, a desplazar a grupos poderosos que se esconden detrás del negocio dorado. (Lea más en Pista 4).

Entretanto, la opacidad parece ser la norma cuando se habla de cifras de exportación de minerales en el país. No existen estadísticas oficiales de cuánto oro sale de Venezuela hacia Curazao y Aruba, ni de la cantidad que entra a las islas proveniente del continente. De lo que sí hay registro es del oro que exportan Curazao y Aruba a pesar de que en las islas donde no existen minas auríferas, explotación ni refinerías. Tampoco se conoce oficialmente cuánto oro se produce en Venezuela ni cuánto de ese total se vende en el extranjero ni a dónde se exporta.

Lo que sí se sabe es que la cadena de extracción y comercialización está permeada por el crimen organizado y que el oro proviene de un territorio sitiado por la violencia.

Las minas del sur del estado Bolívar están comandadas por pranes –término que proviene de las cárceles venezolanas y que designa a líderes criminales de estas– y guerrilleros que imponen su ley con sangre, un hecho que se manifiesta en las 40 masacres que han ocurrido en la zona desde 2016 debido a las disputas entre estos grupos que están estrechamente relacionados con militares de alto rango y hasta con líderes políticos de la región.

Lo que sucede dentro de las minas es obviado por los países que son destinos o beneficiarios finales del oro venezolano como Holanda, Suiza, Bélgica y Turquía, que son parte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), una institución que compromete a sus miembros a vigilar las relaciones comerciales con las naciones consideradas “Estado de conflicto y alto riesgo”, es decir, aquellas caracterizadas por la inestabilidad política, represión, fragilidad institucional, inseguridad, abusos graves y generalizados a los derechos humanos, tal como Venezuela, un país rico en oro, metal que ahora está en la mira de las sanciones internacionales por su vinculación con corrupción, criminalidad y destrucción del ambiente. (Lea más en Pista 5)

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